En el último año vienen creciendo las presiones de integrantes del kirchnerismo para hacerse con el control total del INTA por medio de una serie de iniciativas que ya ni se molestan en disimular tales intenciones.
Es un buen momento para conocer los antecedentes históricos a partir de los cuales se instrumentó la decisión de incorporar a representantes de los productores en la definición de las acciones de extensión e investigaciones emprendidas por el INTA.
El INTA fue creado en diciembre de 1956, por medio del decreto/ley Nº 21.680 del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, con el propósito de “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria”.
El decreto/ley Nº 21.680, que definió al organismo como un ente descentralizado y autárquico, indicó que el Consejo Directivo del INTA debería estar integrado por “miembros de la producción”, aunque esa atribución se reglamentó recién en 1986 por medio del decreto 287 del presidente democrático Raúl Alfonsín.
El decreto 287 estableció la obligación de integrar al INTA cinco consejeros en representación de CREA, Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA).
La norma determinó que los restantes cinco integrantes del Consejo Directivo de INTA deben ser el presidente y vicepresidente del organismo –designados por el Poder Ejecutivo nacional–, un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y dos representantes del ámbito académico (un decano por las facultades de agronomía y el otro por las de veterinaria).
El hecho de que se definiera que los productores debían ocupar la mitad del órgano principal de gobierno del INTA no es casual, sino que se hizo así, precisamente, para que las políticas del organismo surgiesen a partir de consensos logrados con el acuerdo de los usuarios finales de los servicios del INTA.
Los quince centros regionales de INTA, que abarcan todas las zonas productivas argentinas, cuentan a su vez con su propio órgano de representación integrado por referentes locales del sector agropecuarios, estatal y académico.
El Consejo Directivo de INTA, además de definir las estrategias por implementar en materia de investigación y extensión, gestionan la distribución del presupuesto del organismo (que en 2021 es de 11.727 millones de pesos) y los concursos para cubrir cargos directivos tanto a nivel nacional como regional.
Los quince centro regionales de INTA gobiernan 52 estaciones experimentales y 280 agencias de extensión rural. Se trata, junto al Correo Argentino y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), de uno de los tres entes de carácter nacional que cubren toda la extensión del territorio argentino.
INTA además cuenta con otros seis centros de investigación dedicados a las áreas de agroindustria; ciencias políticas, económicas y sociales; ciencias veterinarias y agronómicas; investigación y desarrollo tecnológico para la agricultura familiar; investigaciones agropecuarias; y recursos naturales.
