Las autoridades del Ministerio de Agricultura subieron en dos millones de toneladas la proyección de la oferta exportable de maíz 2020/21, lo que implica, en principio, que la exportación tendrá “permiso” oficial para seguir activa un tiempo más.
Hoy jueves el informe mensual de estimaciones agrícolas del Ministerio de Agricultura proyectó que las exportaciones de maíz en el presente ciclo comercial 2020/21 sería de 38,5 millones de toneladas, una cifra dos millones más elevada que la estimada un mes atrás.
A la fecha los exportadores registraron declaraciones de ventas externas de maíz 2020/21 por 32,3 millones de toneladas, con lo cual quedarían más de seis millones de toneladas por comprar antes de agotar el cupo de exportación que, si bien no está formalizado, opera en los hechos en el marco de un sistema de “autorregulación privado” con vigilancia estatal denominado “mesa del maíz”.
En lo que respecta a las compras, al 14 de julio pasado, según los últimos datos oficiales disponibles, los exportadores tenían comprados 31,9 millones de toneladas, de las cuales 25,1 millones tenían precio hecho, mientras que las restantes correspondían a operaciones con “precio a fijar”.
El aumento proyectado es fruto del ajuste al alza de la producción estimada de maíz, la cual ahora es prevista en 60,5 millones de toneladas versus 59,0 millones un mes atrás (considerando tanto maíz comercial como de consumo propio en campo).
“A raíz del procesamiento de datos de campo recogidos a través de la metodología de segmentos aleatorios, se incrementa la superficie sembrada en un 2,1% en relación a la informada el mes anterior, cerrando en 9,7 M/ha”, explicó el informe del Ministerio de Agricultura. El rinde promedio nacional estimado se mantuvo en 74,7 qq/ha.
Si bien se trata de una buena noticia, porque implica que los exportadores podrán estar más tiempo activos en el mercado argentino de maíz, eso no implica que la actuación de los mismos no se encuentre regulada, dado que justamente el mandato principal de la “mesa del maíz” es que no falta cereal para los usuarios internos del mismo y que el producto, además, tenga un precio acorde a la capacidad de pago de la demanda local.