Esta madrugada del sábado, cerca de la una de la mañana, los gremialistas de Atilra acataron la conciliación obligatoria distada por las autoridades provinciales y cesaron el bloqueo de la pyme láctea Mayol, ubicada en la localidad de Udaondo, en el partido de Cañuelas. El conflicto provocó una reacción de la comunidad lechera de la zona, que se movilizó en defensa de los empresarios y en contra de los aprietes gremiales. La fábrica de la familia Mayol está en la zona hace 86 años.
El bloqueo de esta Pyme láctea comenzó el lunes. La planta, como todas las de su tipo recibe una materia prima muy perecedera -la leche cruda- y por eso no debería detener su actividad. Pero eso sucedió con la protesta realizada por militantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) Delegación General Rodríguez, que tiene su principal número de afiliados dentro de la enorme planta de Mastellone en ese partido. Pero Mayol es otra cosa muy diferente: tiene apenas 14 trabajadores, de los cuales la mitad están afiliados al gremio específico de la actividad y la otra mitad al sindicato de la Alimentación o al de los trabajadores rurales UATRE.
Este viernes, tras una reunión en la Delegación Lobos del Ministerio de Trabajo, aunque sin la presencia de los representantes del gremio, se resolvió dictar la conciliación obligatoria por 10 días y se ordenó que en ese proceso no haya nuevas medidas de fuerza y se intente encontrar una salida a esta disputa por el alineamiento sindical de los empleados. El convenio de Atilra ofrece salarios bastante más elevados para los empleados.
“Estamos acá en forma pacífica. Sabemos que la gente del pueblo no está acostumbrada a este tipo de reclamos, pero nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario para defender los derechos de nuestros compañeros”, expresó Heber Ríos, el dirigente regional de Atilra en una entrevista con la radio Actitud 92.5 de San Miguel del Monte. Luego pidió que los dueños de la empresa láctea “muestren los libros y demuestren que no pueden pagar los sueldos del convenio de ATILRA”.
Con este debate de fondo, las partes se volverían a reunir el próximo miércoles a las 9:30.
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El portal InfoCañuelas, que viene siguiendo el conflicto desde el inicio, contó que en la reunión frente a la cartera laboral de la provincia de Buenos Aires “la parte empleadora trajo una propuesta gradual que no tuvo respuesta favorable del gremio. Ante esta situación el dueño de la empresa expresó la voluntad de cerrar y emitir telegramas de despido ante lo cual y dado el carácter de este nuevo conflicto, con el fin de preservar los puestos de trabajo, la producción y los derechos laborales, se dictó la conciliación obligatoria”.
El viernes por la noche, pese a esta medida de las autoridades laborales, el titular del Juzgado de Garantías 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, rechazó el pedido de una restricción perimetral solicitada por Dardo Mayol para integrantes de su familia y un trabajador de la firma láctea, quienes se sentían intimidados por la presencia de unos 30 integrantes del gremio junto al portón de acceso a la planta industrial. El juez consideró que no había “condiciones objetivas” que ameriten prohibir la presencia del gremio frente al predio fabril.
Finalmente, cerca de la una de la mañana del sábado, los sindicalistas dejaron el lugar, según confirmó el presidente de la Asociación de Pymes Lácteas (Apymel), Pablo Villano.
La saga, que movilizó en buen número a vecinos de Udaondo y productores lecheros de toda la región en apoyo de la empresa, tendrá su capítulo judicial. Es que Mayol realizó una denuncia ante la fiscal Norma Pippo. Allí relató que en uno de los primeros días del conflicto se dirigió a la planta junto a su sobrina, Maira Denise Mayol, y que recibieron todo tipo de improperios. “Pagale a la gente, viejo garca”, aseguró que le gritaron. Además, al retirarse su sobrina constató que le habían tajeado la cubierta trasera de su auto, y que luego colocaron piedras delante del vehículo para impedir su desplazamiento.
Ese mismo día Mayol recibió la visita de un empleado que dijo haber recibido amenazas del gremio, que temía por su seguridad y la de su familia.
La fiscal se acercó ayer por la tarde al lugar y habló con los gremialistas con el propósito de identificarlos. Pidió requisar sus vehículos, pero ellos se negaron aduciendo que no se encontraba presente su abogado. “Un auxiliar de la Fiscalía se quedó en el predio. Si en el término de las próximas horas no acceden a identificarse, van a ser procesados por resistencia a la autoridad”, dijo a InfoCañuelas una fuente judicial.
Según esta versión, durante una recorrida por las instalaciones Pippo constató daños en candados, el circuito de cámaras de seguridad y un grupo electrógeno. Además, se levantaron huellas dactilares en uno de los depósitos donde se verificó el robo de quesos y dulce de leche.
La planta industrial, en este escenario, pudo comenzar a funcionar, aunque para el personal y los directivos resultaba “intimidante” la presencia del gremio junto al portón de acceso. Cesó esa inquietud en horas de la madrugada.
fotos: InfoCañuelas