Después de no darle bolilla al tema durante muchos años, la Provincia de Buenos Aires completó esta semana la reglamentación de su propia Ley de Protección de Bosques Nativos, que fue sancionada a fines de 2016 y habilita a la provincia a acceder a los beneficios de la Ley Nacional, que había sido votada por el Congreso Nacional de fines de 2007. Pasaron nada menos que diez años.
A partir de la nueva reglamentación, los propietarios de predios con bosque nativo en el territorio bonaerense deberán presentar planes de conservación y manejo sostenible, que serán “propuestos y elaborados por profesionales”, y deberán contar “con el aval técnico de la autoridad local de aplicación”.
Los bosques nativos, “que ocupan el 3% del territorio provincial, constituyen ecosistemas que brindan numerosos beneficios a la comunidad, como la conservación del suelo y la calidad del agua, la regulación hídrica, la fijación de emisión de gases con efecto invernadero y la conservación de la biodiversidad, servicios ambientales necesarios para el concierto y supervivencia del sistema natural y biológico”.
Las actividades que se desarrollen en estas áreas, según el texto de la norma, requieren de la aprobación de la autoridad de aplicación local y deberán respetar la subsistencia del bosque nativo.
El titular del Organismo Ambiental bonaerense (OPDS), Rodrigo Aybar, celebró la reglamentación de la Ley, de la que el organismo será autoridad de aplicación junto al Ministerio de Agroindustria. “Esta ley es fruto de un gran trabajo del Área de Recursos Naturales de la Provincia y es una deuda que teníamos con los bonaerenses. Buenos Aires era la única provincia que no tenia ley para cuidar sus bosques: una herramienta necesaria para proteger el bosque nativo, estableciendo un uso sustentable y limitando la tala, con el fin de mantener los distintos ecosistemas de la Provincia”, afirmó Aybar.
Como consecuencia de esa demora, había otras leyes de las que Buenos Aires no podía disfrutar. Como por ejemplo, la de Promoción de los Bosques Cultivados, que define ventajas impositivas y hasta subsidia la implantación de nuevas forestaciones.