La Dirección de Fiscalización y Control del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba parece tener bastante trabajo por estos días. Casi todas las semanas aparecen noticias de nuevas clausuras de máquinas pulverizadoras, depósitos de fitosanitarios o comercios dedicados a la venta de productos veterinarios. Esta vez, el parte oficial informó que otras cuatro pulverizadoras fueron clausuradas en los departamentos Tercero Arriba y General San Martín. En paralelo, los inspectores interdictaron 300 productos zooterápicos en Córdoba capital y Alta Gracia.
La pregunta, a esta altura, es cuántas máquinas habilitadas y en condiciones de trabajar quedarán en la provincia si el ritmo de las clausuras continúa. Naturalmente, la fiscalización tiene una razón de ser y las normas deben cumplirse, pero la frecuencia con que se anuncian estos operativos ya permite pensar que el Ministerio encontró una veta inagotable de actividad.
En el caso de las pulverizadoras, los procedimientos se realizaron para verificar el cumplimiento de la Ley Provincial 9164 y su decreto reglamentario 132/05, que regulan el uso y la aplicación de productos fitosanitarios. La normativa exige que los equipos y sus operarios estén debidamente habilitados y que las aplicaciones cuenten con la correspondiente Receta Fitosanitaria Digital, emitida por un asesor fitosanitario.
Las cuatro máquinas ahora alcanzadas por las fajas de clausura se suman a una lista que viene creciendo con bastante regularidad. A mediados de octubre, la Provincia había informado la clausura de dos equipos en Elena. A fines de ese mes volvió a anunciar otras dos máquinas fuera de servicio en Alta Gracia y Lozada. Y ahora aparecen cuatro más, en Tercero Arriba y General San Martín.
Es decir, en pocas semanas ya son ocho pulverizadoras alcanzadas por estos últimos operativos, sin contar los procedimientos anteriores que también tuvieron como resultado máquinas clausuradas, depósitos cerrados y expendios inhabilitados. En septiembre, por ejemplo, la fiscalización había informado la clausura de una pulverizadora y un local con depósito de fitosanitarios en Canals y Río Tercero.
Pero los controles cordobeses no se agotan en el mundo de los agroquímicos. La otra novedad de estos días llegó desde el negocio veterinario, donde los inspectores interdictaron 300 productos zooterápicos en establecimientos de Córdoba capital y Alta Gracia.
En este caso, los procedimientos se originaron a partir de denuncias y permitieron detectar comercios que no contaban con la habilitación ni la inscripción exigidas por la normativa provincial. También se intimó a otros establecimientos cuyas habilitaciones habían vencido recientemente para que regularizaran su situación.
La comercialización de estos productos está regulada por las leyes provinciales 5142 y 6429, que establecen las condiciones para el expendio de medicamentos y otros productos de uso veterinario. Entre otros requisitos, los comercios deben contar con las habilitaciones correspondientes y funcionar bajo la dirección técnica de un médico veterinario.
No es la primera vez que aparecen cifras importantes en este rubro. En septiembre, el propio Ministerio había informado la interdicción de otros 700 productos zooterápicos en Río Tercero y Villa Santa Rosa de Río Primero, además de clausuras preventivas de establecimientos comerciales.
