Luego de varias semanas de iniciada la crecida del río Paraná, que provocó estragos para la producción del Litoral, Entre Ríos declaró el estado de emergencia o desastre agropecuario para las explotaciones ganaderas y apícolas alcanzadas por el fenómeno. Es la primera de las provincias mesopotámicas en hacerlo.
La medida comprende a los productores ubicados en zonas de islas y anegadizos de los departamentos de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy, las regiones costeras más afectadas por el aumento del caudal. Tal como se vio en las últimas semanas, a pesar de acelerar las gestiones, la logística aún complica el traslado de los animales desde las islas y la llegada del agua pone en estado de alerta a la actividad productiva.
Vigente hasta el 31 de julio de 2027, habilita determinadas exenciones impositivas a nivel provincial, que ahora buscan extender con las gestiones ante el ministerio de Economía para que sea homologada por Nación.
Para paliar los efectos de la crisis hídrica sobre las producciones ganaderas y apícolas de la región, el decreto provincial demora los vencimientos de los anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural 2026 y 2027 recién para el 31 de enero de 2028 para los establecimientos alcanzados por la declaración de emergencia.
Además, establece un plan especial para cancelar los anticipos con determinadas facilidades de pago: hasta tres cuotas mensuales consecutivas y sin interés de financiación, venciendo la primera el 10 de marzo de 2028. Y se condonan las multas e intereses generados por el cumplimiento fuera de término de los anticipos del Impuesto Inmobiliario prorrogado.
En caso de estar catalogados bajo “desastre agropecuario”, lo que abarca un daño severo, directamente quedarán eximidos del pago de los anticipos del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub-Rural con vencimiento hasta julio del 2027. “El porcentaje de la exención dispuesto será el equivalente al porcentaje de pérdida declarado en el certificado de desastre que en cada caso se otorgue a las y los productores damnificados”, aclararon desde la provincia.
Tramitada por la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario, la medida exige que cada establecimiento se registre mediante una declaración jurada ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos para acceder a los beneficios previstos.
El área elegida, unos 6 departamentos de la provincia y zonas de islas, responde al análisis realizado por dicha comisión provincial junto organismos como el Instituto Nacional de Agua (INA), el Senasa, la Fundación de Lucha Contra Fiebre Aftosa (Fucofa), las direcciones de Hidráulica y Obras Sanitarias, Producción Animal, el INTA y Prefectura Naval Argentina.
Respecto a la ganadería, el informe señala que los perjuicios económicos y productivos son derivados de “la disminución de la productividad, la reducción del precio obtenido por ventas forzosas de hacienda, los mayores costos de alimentación, traslado y arrendamiento de campos receptores, así como las dificultades operativas y sanitarias asociadas al retiro y reubicación de los animales”.
Es decir, contempla no sólo las pérdidas económicas por la salida anticipada de las zonas inundables, sino incluso el “costo oculto” posterior, como lo es el aumento de los alquileres y la caída de las cotizaciones en el mercado.
En cuanto a la actividad apícola, se detiene en los problemas que atraviesan los apiarios emplazados en las zonas de humedales, islas y franjas costeras, “incluyendo pérdidas directas, dificultades para el retiro y reubicación de las colmenas y consecuencias productivas, sanitarias y económicas derivadas de la inundación”.
“Ante la gravedad de los daños informados, de carácter excepcional, se concluye que estos afectarán de manera significativa el desempeño económico de los productores ganaderos y apícolas en el área impactada y que por su magnitud dificultarán el cumplimiento de las obligaciones fiscales y crediticias a los actores involucrados”, expresaron desde la provincia, que justifica la importancia de anticiparse con la primera declaración de emergencia en la región.
