En medio de las tensiones que atraviesan el debate para actualizar la Ley de Semillas, que enfrenta a semilleros y productores y parece haber entrado en un juego de suma cero, a la espera que el gobierno mueva alguna ficha, otro actor de la cadena pidió una silla para arribarse a la mesa.
Se trata de los distribuidores de insumos agropecuarios, nucleados en FeDIA, que aseguran ser un eslabón clave en la relación entre obtentores y productores.
“El Gobierno dice que está hablando con los semilleros y los productores, pero con quien realmente está hablando es con los obtentores, que son los generadores de la genética. Como semilleros multiplicadores tenemos que ser parte de la mesa de análisis y debate, ya que tomamos riesgos y somos los que garantizamos la distribución. Y hoy no estamos siendo parte de la discusión”, señaló Gabriel Gonzalez, presidente de aquella Federación de alcance nacional.
El reclamo, que reúne los apoyos de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines Bonaerense (CEDASABA), la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos y Semillas y Afines de Córdoba (CEDASAC), la Cámara de Distribuidores de Agroquímicos de Tucumán (CADIAT), la Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios (CEPIA), la Cámara Empresaria de Proveedores de Insumos Agropecuarios de la Provincia de Santa Fe y Entre Ríos (CEPIAL), y la Cámara Empresaria de Agroquímicos y Afines de Mendoza (CEAMEN), se da en el marco del lanzamiento de una campaña nacional que busca impulsar un mayor uso de semilla fiscalizada.
Bajo el lema “Semillas fiscalizadas, seguridad y calidad desde el origen”, la iniciativa apunta a visibilizar la importancia de los procesos de control que “aseguran atributos clave como la identidad varietal, pureza física, sanidad y calidad fisiológica superior”.
“El uso de semilla fiscalizada responde a una responsabilidad de siembra en dos frentes claves: el comercial, porque garantiza un mercado transparente de calidad y legal; y el medioambiental, porque asegura procesos sanos y trazables que cuidan la sustentabilidad de los suelos a largo plazo”, señalaron los representantes de las cámaras mencionadas.
En el caso de la soja para la campaña 2025-2026, por ejemplo, el uso de semilla fiscalizada se ubicó en un 19,16%, de acuerdo con datos del INASE.
“Es una cifra con un enorme potencial de crecimiento al compararnos con potencias agrícolas como Brasil o Estados Unidos, donde la adopción de semilla certificada supera el 70% o 90%, respectivamente. Cerrar esa brecha nos permitirá dar un salto de competitividad y potencial productivo”, destacó Diego Villafafe, miembro de CADIAT.
En ese escenario, desde FeDIA pidieron ser incorporados en las negociaciones normativas actuales.
“EI riesgo agronómico para producir semilla es muy alto. Queremos reconocer al obtentor, pero en una ley de semillas tienen que sentarse todos los eslabones de la cadena para encontrar un punto de equilibrio para que el sistema funcione. Dentro del planteo de un modelo productivo tenemos que lograr mayor y mejor productividad, y eso se hace haciendo más volúmenes y bajando los costos”, indicó Pablo Bertone, vicepresidente de esa Federación.
