Hace varios años que la garrapata viene haciéndose un festín en distintos puntos del país, donde muestra tener cada vez más cintura para resistir a los controles que realizan –sin escatimar esfuerzos- veterinarios y garrapateros. Y aunque está lejos de ser realmente indestructible, sin dudas es un dolor de cabeza dado los casos, cada vez más frecuentes, de resistencia a los garrapaticidas aplicados, que obligan a repetir tratamientos y a ensayar con nuevos productos.
Es en este contexto que, decidido a que el parásito deje de reírsele en la cara, el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) lanzó este miércoles un nuevo Plan Nacional de Control Integrado y Erradicación de la Garrapata Común del Bovino (Rhipicephalus microplus) con el que espera poder hacer frente a esta amenaza a la ganadería, en especial en el litoral.
La flamante normativa, adoptada en la Resolución 655/2026, tiene tres fundamentos que vale la pena mencionar. El primero es que reconoce, tal como se mencionó, que hay evidencia de resistencia a distintos principios activos utilizados contra la garrapata, y que la misma se vio “acelerada por el uso inadecuado de los productos garrapaticidas”. Es por eso que no llama la atención que imponga como obligatorio la realización de bioensayos –en los casos en que los tratamientos no den resultado- a cargo de los productores, para saber con mayor precisión el grado de resistencia alcanzado por la plaga.
El segundo punto de interés está en el acceso a los mercados. Según menciona Senasa, Unión Europea duplicó el período de retiro del fipronil (un garrapaticida) antes de faena, exigiendo el cumplimiento de límites máximos de residuos. El argumento es que un animal en terminación tratado con garrapaticida puede llegar a faena con residuos por encima de lo permitido. Por eso este nuevo plan apunta a que la hacienda llegue a faena en el marco de circuitos controlados.
El tercero apunta a la insistencia en el Control Integrado de Garrapatas (CIG), que no debe depender solo de químicos sino también de herramientas de control biológico y de manejo de la hacienda.
Entre las principales novedades que impone el plan hay que señalar la definición de tres regímenes o estrategias sanitarias por zona. Se trata del Resguardo Sanitario (RS), zonas naturalmente libres que deben ser preservadas; Erradicación (E), con garrapata y grados mixtos de infestación donde se debe bajar la prevalencia hasta erradicar; y Control poblacional con monitoreo voluntario (C), zonas endémicas donde se debe contener la carga parasitaria y que no se disperse.
También se suman nuevas categorías para los establecimientos, que serán clasificados por zona, estatus y cumplimiento. Estas son: libre, foco, infestado, perifoco, en saneamiento, relevado, oficialmente limpio e incumplimiento.
Pero la clasificación más interesante llega de la mano de los bioensayos, ya que las resistencias ahora se medirán en tres grados: grado 1 (resistencia a 1 o 2 principios activos), grado 2 (a 3 activos, o a 1 de “nueva generación”), y grado 3 (a 4 o más). Este último es el que dispara las consecuencias más fuertes.
Si bien los ensayos de resistencia ya eran contemplados en el plan anterior, los mismos eran reactivos y discrecionales: se realizaban cuando un productor reportaba que el producto no funcionaba. Ahora, en cambio, estos estudios se pedirán de manera obligatoria en los casos en que, por ejemplo, el saneamiento esté estancado por más de 24 meses o en los que se rechace una tropa por detección de estos parásitos.
Respecto al saneamiento, la norma contempla distintos plazos de acción. Ante un foco confirmado, el campo tiene 48 horas para presentar un plan de saneamiento. Este dura 12 meses, e incluye tratamientos supresivos obligatorios. Si a los 24 meses no hay avances, se demandará el bioensayo obligatorio, que estará a cargo del productor.
Cumplido el saneamiento, se harán un relevo de tratamientos: durante 6 meses (de diciembre a mayo) no se aplicará ningún garrapaticida y se organizarán inspecciones mensuales. Cuando se confirme la no presencia del parásito, el campo pasará a quedar oficialmente limpio.
En caso de incumplimiento, el establecimiento quedará imposibilitado de egresar animales hasta regularizar su situación.
Otro punto importante es que los veterinarios quedan obligados a notificar casos sospechosos o confirmados de babesiosis y anaplasmosis bovina (la “tristeza bovina”) en aquellas zonas de Resguardo Sanitario.
Todo este esquema se apoya en el Formulario de Inspección y Despacho de Hacienda (FIDHA), que la resolución digitaliza e integra al SIGSA.
“El nuevo plan nacional fortalece la sanidad de las producciones ganaderas de nuestro país, basados en cuatro pilares fundamentales: prevenir el ingreso de la garrapata en zonas libres del parásito, salvaguardar la inocuidad de los alimentos, evitar la diseminación de la resistencia a los productos garrapaticidas y fomentar el control integrado de garrapata”, indicaron desde Senasa.
