Santa Fe llegó tarde, pero llegó. Después de semanas de lluvias fuera de escala y con buena parte del norte provincial bajo agua, como ya había anticipado la propia comisión de emergencia en una instancia previa, el gobierno de Maximiliano Pullaro oficializó la declaración de emergencia agropecuaria y puso en marcha un paquete de alivios fiscales para contener el impacto.
La medida quedó formalizada mediante el decreto N° EE-2026-00028389-APPSF-PE y abarca a los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado, además de zonas del cinturón hortícola de la capital provincial. El período de vigencia va del 1 de abril al 30 de septiembre, es decir, con carácter retroactivo sobre el momento más crítico del evento hídrico.
La escala del daño no deja margen para lecturas livianas, ya que se contabilizan unas 1,3 millones de hectáreas comprometidas entre agricultura y ganadería, con pérdidas marcadas en soja y algodón, además del impacto directo sobre campos bajos que concentran alrededor de 430.000 cabezas.
Ante este escenario, los directivos provinciales anunciaron prórrogas en los vencimientos del Inmobiliario Rural y Urbano para quienes obtengan el certificado de emergencia y, en los casos encuadrados como desastre, la condonación total del tributo correspondiente a 2026, incluso con devolución o crédito fiscal si ya hubo pagos. Es un alivio de caja en un momento crítico, pero no compensa la pérdida productiva que dejaron los excesos hídricos.
El acceso al beneficio exige gestión por parte de los productores, que deberán tramitar el certificado a través del sistema provincial antes del 30 de junio, con un canal específico para el sector apícola. Como suele ocurrir, la eficacia de la medida quedará atada a la velocidad con que esa burocracia responda en un contexto donde la urgencia no es teórica.
Desde el Ejecutivo provincial, el ministro Gustavo Puccini encuadró la medida como una decisión política antes que administrativa: “Estamos al lado de cada productor que la está pasando mal. La emergencia no es solo una herramienta administrativa: es una decisión política para acompañar, sostener la producción y cuidar el trabajo en cada territorio”. En la misma línea, el secretario Ignacio Mántaras sostuvo que el paquete apunta a “dar previsibilidad en un momento muy complejo” y a evitar una descapitalización productiva.
El decreto agrega además la creación de un registro para ordenar la oferta de campos, alimentos y transporte en situaciones de emergencia, una herramienta que apunta a anticipar la logística en futuras crisis. Llega, en cualquier caso, después de que el evento ya expuso las limitaciones de respuesta.
Los productores deberán gestionar el certificado de emergencia a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (Sisagea): https://www.santafe.gov.ar/emergencia-agro
En el caso de los productores apícolas, el trámite se realiza mediante la plataforma Proap: www.santafe.gob.ar/proap/login
El plazo para presentar la documentación se extiende hasta el 30 de junio.
