Luego de las protestas rurales realizadas en diferentes países europeos contra el Tratado de Libre Comercio Mercosur-EU-27, la Comisión Europea comenzó a tratar una regulación que podría derivar en el bloqueo del ingreso del biodiésel sudamericano a su mercado.
El gobierno de Santa Fe decidió asumir un rol protagónico en la defensa del biodiésel argentino tras el anuncio de la Unión Europea de catalogar a la soja como insumo de “alto riesgo ambiental” bajo la normativa ILUC. La medida amenaza con frenar exportaciones por 350 millones de dólares anuales y afecta directamente a la provincia, que concentra el 100 % de las terminales exportadoras del país.
“El biodiésel de soja es trabajo, innovación y divisas para el país. Santa Fe no se queda de brazos cruzados: tomamos posición y estamos trabajando para defender lo que nos pertenece”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini.
El gobierno provincial decidió intervenir de manera institucional en el debate internacional, aportando fundamentos técnicos ante la Comisión Europea y poniendo a disposición información estratégica para su consideración en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En ese sentido, Santa Fe ya se inscribió en el procedimiento de consulta pública de la Comisión Europea para garantizar que sus argumentos estén presente en el debate relativo al eventual cambio normativo propiciado por la UE-27.
En este ámbito, las provincias actúan siempre en articulación con el Estado nacional, ya que solo los gobiernos nacionales pueden ser parte directa en controversias ante la OMC. Por eso, la voz de Santa Fe se canaliza a través de la Cancillería argentina, fortaleciendo la posición del país con datos y argumentos técnicos.
Mediante la resolución 107/2026, el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe declaró de Interés Ministerial el abordaje técnico-institucional de la problemática y creó un Grupo de Trabajo para el análisis estratégico del biodiésel.
Ese equipo elaborará un informe técnico, económico y jurídico que evalúe el impacto de la normativa europea y formule recomendaciones estratégicas. Estará coordinado por la Secretaría de Comercio Exterior, con participación de áreas técnicas del Ministerio, dependencias provinciales, entidades académicas y sectores representativos de la cadena de valor.
