Como en cualquier actividad, los dirigentes rurales argentinos suelen hablar más de lo que hacen a la hora de exponer sus problemas, y así muchos de sus planteos no pasan a la acción, se quedan en la queja.
No será ese el caso de Carlos Baravalle, productor de Carrilobo, en Córdoba, y referente de la agrupación Bases Federadas, quien a fines de 2025 anunció su decisión de no aceptar la imposición de Senasa de tener que poner caravanas individuales obligatorias a sus terneros a partir de esta zafra. Rebelde con fundamentos, porque él básicamente critica que el costo lo asumirá el criador de ganado en beneficio del resto de la cadena, Carlos se presentó ayer ante la oficina más cercana de Senasa y elevó un “Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio Contra Resolución Senasa 841/2025, con solicitud de medida cautelar administrativa”.
Una cosa es decir y otra cosa es hacer, diría algún político famoso. Baravalle tuvo que dar este paso rechazando que las caravanas electrónicas sean obligatorias como condición previa a presentar eventualmente un recurso de amparo ante la justicia.
“Me fui hasta el Senasa y presenté una carátula administrativa, solicitando que revean el tema de la obligatoriedad de la caravana, que sea voluntaria. En realidad lo que estoy cumplimentando es una etapa administrativa que hay que hacer para después, si no dan respuesta, presentar un recurso de amparo”, contó el dirigente rebelde a Bichos de Campo.
En diciembre, junto a referentes del movimiento de autoconvocados, Baravalle redactó un documento que consiguió más de 600 adhesiones en todo el país. Ahora aspira a que quienes firmaron aquel escrito hagan lo mismo que él y se presenten con notas similares ante Senasa, para forzar a las autoridades a revisar esta imposición. La caravana electrónica obligatoria -pese a que se prorrogó un año en su vigencia- fue una decisión poco consensuada con las entidades rurales de parte del ex titular de ARCA, Juan Pazo, y su concuñado político, el secretario de Agricultura Sergio Iraeta, que nunca presentaron una justificación cierta de sus beneficios. Incluso primero prometieron que las regalarían, pero la licitación fracasó y luego impusieron el costo obligatorio sobre el primer eslabón de la cadena ganadera.
En este contexto, con los días corriendo para que deben comenzar a aplicarse en los terneros que vayan naciendo este año, Baravalle siempre expuso argumentos de peso en contra no de la tecnología sino de la “obligatoriedad”, ya que argumenta que ese costo deberá asumirlo él sin recibir ningún beneficio a cambio. Es un caso más que curioso, este dirigente de Bases Federadas es un pequeño criador que tiene indicadores productivos envidiables, superiores a 95%de destete, sin necesidad de recurrir a los chips electrónicos y manejando una base de datos de su propia creación donde va marcando todos los detalles sobre su explotación.
El ganadero rebelde, pese a que Iraeta hizo oídos sordos a la queja y al petitorio con 600 firmas que le acercaron, ahora está distribuyendo el modelo de queja a Senasa que podría dar luego espacio a recursos judiciales contra esta imposición del Poder Ejecutivo Nacional. Este es el modelo de carátula:
Detrás de esta presentación burocrática ante el organismo sanitario que preside la productora Beatriz Pilu Giraudo, los argumentos del chacarero cordobés lucen más que valederos, en especial por los costos que supone la imposición oficial de cambiar de las caravanas convencionales a las nuevas variedades con chip, que permitirían un reconocimiento más rápido de cada animal.
En el recurso, Baravalle reclama que “se deje sin efecto la obligatoriedad de la identificación electrónica individual bovina”, que se “establezca su carácter voluntario”, o es su defecto se suspenda su aplicación para pequeños y medianos productores ganaderos de cría. “Todo ello por resultar la resolución arbitraria, irrazonable, desproporcionada y contraria a derechos constitucionales, generando un grave perjuicio económico y productivo”, sostiene el recurso.
Para sostener este pedido, Baravalle recordó que “históricamente, la trazabilidad sanitaria del ganado bovino estuvo garantizada mediante un sistema de caravana convencional, los registros provinciales y el propio Sistema SIGSA de Senasa”, hasta que Pazo e Iraeta forzaron al Senasa a dictar la Resolución 841/2025, se impuso la identificación electrónica individual obligatoria para bovinos, bubalinos y cérvidos desde el 1° de enero de 2026.
Según la posición del productor rebelde, “existe una contradicción normativa manifiesta” en esa normativa, porque formalmente la obligación alcanza a animales nacidos desde 2026, pero en la práctica se exige para terneros nacidos en 2025 al momento del destete o comercialización, es el caso de productores que se habían quedado sin stock de caravanas convencionales.
“Además, desde noviembre de 2025 cesó la fabricación de caravanas convencionales, lo que fuerza al productor a adoptar el sistema electrónico aun cuando su hacienda nació bajo normativa anterior”, expresó el dirigente.
Pero la mayor crítica es que el nuevo sistema impuesto por el gobierno de Javier Milei implica un costo desmedido para el primer eslabón de la cadena. Lo calcula así:
- Binomio electrónico: aproximadamente 3.200 pesos por animal.
- Aplicación informática anual: aprox. 56.000 pesos.
- Bastón lector electrónico: aprox. 3.800.000 pesos.
Estos números significan para un productor de cría que desteta 100 terneros al año un costo de 4.176.000 pesos, cuando antes debía gastar solamente 35 mil pesos en las caravanas convencionales.
Baravalle sostiene que esta nueva carga económica “no genera mejoras productivas ni sanitarias comprobables; resulta inviable para pequeños y medianos productores; y provoca transferencia de costos hacia el eslabón más débil de la cadena”.
Sin necesidad aparente, ya que “el sistema anterior ya garantizaba control sanitario y trazabilidad” y “la identificación electrónica no mejora índices reproductivos ni productivos en ganadería de cría”.
“La carga económica puede incluso afectar negativamente la sanidad al reducir inversiones esenciales” razona Baravalle, que también descalifica el pobre argumento esgrimido por las autoridades (las pocas veces que hablaron del asunto) respecto de que esta era una exigencia de los mercados internacionales de carne.
“Aproximadamente el 70% de la producción se destina al mercado interno. Solo un porcentaje marginal de exportaciones exige trazabilidad electrónica individual. No existen estudios oficiales que acrediten mejora real en precios o acceso a mercados. Por ello, la obligatoriedad generalizada resulta desproporcionada”, es la respuesta del ganadero rebelde a esa argumentación.
