Los Tribunales Federales de Rosario dieron inicio a un juicio por contaminación con agroquímicos en la localidad bonaerense de Pergamino, que tiene señalados a siete productores, acusados de incumplir la ordenanza que regula la aplicación de esos insumos, así como a dos ex funcionarios públicos, por omisión de los controles obligatorios.
El caso, que inició en 2018 y estuvo tramitado originalmente en el Juzgado Federal de San Nicolás, vuelve a revivir la tensión que desde hace varios años reina sobre una de las zonas agrícolas más importantes del país.
Cabe recordar que en agosto de 2019, hace unos 7 años, el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo –del juzgado federal número 2 de San Nicolás-, firmó una resolución que fijó una restricción de 1.095 metros desde cualquier zona poblada para la aplicación de agroquímicos en el partido.
Pero eso no fue todo, porque además de las casi 6.000 hectáreas productivas que quedaron afectadas por esa prohibición, también se restringieron las aplicaciones aéreas a menos de 3.000 metros de cualquier centro poblado o escuela.
Esto no solo afectó la actividad de los productores más cercanos a la ciudad y otros pueblos del partido, que debieron buscar alternativas para seguir trabajando en el periurbano, sino que incluso puso en jaque el trabajo de los investigadores del INTA Pergamino, que debieron frenar sus ensayos en casi el 60% del predio del organismo. A pesar de las denuncias de los agricultores, las autoridades de Pergamino aún no han dirimido la cuestión y la ordenanza del juez sigue vigente.
En este contexto es que se lleva adelante este juicio, que ya cuenta con unos 100 testigos, y está a cargo del Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodrigues Da Cruz.
Una de las caras más visibles de esta causa es la de una querellante que realizó las primeras denuncias en 2011, afirmando que el impacto de las aplicaciones la llevó a perder un embarazo de casi seis meses y a ver efectos nocivos en sus hijos. A esta se sumaron otras denuncias entre 2018 y 2019.
El establecimiento señalado es uno ubicado sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 69 de Pergamino.
La imputación del fiscal Reynares Solari gira en torno al delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 sobre residuos peligrosos, que comprende una pena de 3 a 10 años de prisión a aquel que “a través del uso de residuos, envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
“Esa actividad la realizaron conociendo la Ordenanza Municipal N°8126/14 sobre la prohibición de la aplicación de plaguicidas o biocidas químicos mediante fumigación terrestre y/o aérea, cualquiera sea su tipo y dosis, a menos de 100 metros de la zona periurbana, cercano a viviendas o grupos de viviendas de ese sector poblado, contaminando con la aplicación de estos agroquímicos el ambiente en general de los barrios y a viviendas de zonas aledañas”, señaló el fiscal durante la presentación
De acuerdo con el funcionario, se encontraron residuos de agroquímicos en los barrios de La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia y sus adyacencias. En particular, los predominantes –según dio cuenta- fueron atrazina, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato, entre otros.
Y mientras que la defensa argumentó que las aplicaciones se llevaron adelante en terrenos propios, el fiscal consideró que “el medio ambiente no es un compartimento estanco”, y que los ex funcionarios “debían controlar el cumplimiento de las ordenanzas del partido de Pergamino y no lo realizaban”.
Según se informó, el 12 de febrero se retomará el debate desde las 9 de la mañana, donde tendrán lugar las declaraciones de los querellantes y los policías a cargo de la investigación. En las jornadas subsiguientes se formalizará el testimonio de vecinos de Pergamino afectados, y está previsto el testimonio de peritos expertos que integraron una mesa de trabajo técnica durante la investigación, propuestos por la querella y designados por el juez instructor.
