Un conglomerado inédito de 28 entidades rurales de base más otros tantos productores que firmaron a título individual, criticó la posibilidad de que haya empresas exportadoras de granos que estén pidiendo “datos personales y comerciales” de los productores como condición para poder colocar esas cosechas en el mercado.
En un comunicado precipitado pero que igual recogió bastantes adhesiones del eslabón primario de la cadena, las 28 sociedades rurales expresaron su “rechazo absoluto a cualquier apertura de datos personales y exigencia comercial fuera de la documentación oficial vigente: cartas de porte, DTE y guías” para la venta de granos o hacienda.
Para este grupo en el que se destacan las rurales siempre díscolas del norte bonaerense (Pergamino, Rojas, San Pedro y otras), pero se han sumado la Rural de Rosario y otras de Santa Fe, varias del Chaco, un par de Córdoba y la Red Nacional de Productores Autoconvocados. Este es el breve texto:
Este voz de alarma contra supuestas exigencias de datos de los productores (como la georreferenciación de los campos o los datos de cosecha) se originó en un comunicado fuerte de la Federación de Acopiadores, que también salió al cruce de la pretensión de algunas grandes exportadoras de granos, pero sin identificarlas con claridad.
“Estamos ante un intento evidente de apropiación de datos comerciales sensibles que apunta a eliminar en el tiempo a los acopios y cooperativas para ejercer un dominio total del mercado granario”, había dicho la Federación, advirtiendo que algunas de las firmas nucleadas en Ciara-CEC, la cámara de las agroexportadoras, estaba haciendo abuso de su posición dominante exigiendo a los productores e intermediarios una serie de requisitos extra a los establecidos por ley.
Todos saltaron como leche hervida contra esa posibilidad. Lo curioso es que por el momento nadie conoce cuáles son las empresas cerealeras y aceiteras que estarían avanzando más allá de lo reglamentado.
