Este lunes el Juzgado en lo Civil y Comercial de Cuarta Denominación de los Tribunales de Rafaela generó una novedad relevante en el Concurso de Acreedores que viene desarrollando en Sancor Cooperativas Unidas Limitada, Iniciado con el mes de febrero pasado, a pocas horas del comienzo de la feria judicial.
A partir del pedido manifestado por la Sindicatura y el Comité Provisorio de Control de intervenir la Cooperativa, se citaron detalles de incumplimiento salarial, pero también el procesamiento de los ex presidentes José Gastaldi y Alberto Sánchez, por la deuda ligada al concurso que se generó con ARCA y la DGI, donde se los apunta como presuntos autores penalmente responsables del delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, hecho que con el correr del tiempo terminará confluyendo en una misma causa.
Lo que se indica en el documento es que existe cierta reticencia informativa de la empresa, por lo que el avance en la decisión de intervenir surge como una medida de protección para todos los intereses involucrados.
El juez concursal intervino SanCor ante una catarata de incumplimientos de la empresa láctea
Es así que el juez Marcelo Gelcich resolvió designar “a un coadministrador, con facultades de administración, representación y auditoría, quien ejercerá el cargo en forma conjunta con los órganos naturales de la concursada, sin cuya actuación será nulo todo acto con efecto patrimonial o contable de la concursada, pudiendo aquel designar hasta seis auxiliares, por el plazo prorrogable de 60 días, quedando a cargo de la concursada los honorarios que se devenguen por dicha labor”.
Dispuso también que la coadministración sea ejercida por un profesional con aptitud certificada en Sindicatura Concursal, el que será elegido entre los que integran la lista obrante en el Juzgado y además “autoriza al coadministrador a ingresar a todos los inmuebles donde funcione la empresa concursada, o aquellos donde se produzcan productos o presten servicios destinados a los procesos de producción de la concursada, con facultades de requerir el auxilio de la fuerza pública, pudiendo incluso solicitar habilitación de feria, intimar la entrega de información y documentación a la concursada, dependientes y terceros, y requerir información o instrucciones a la Sindicatura para el mejor desempeño de sus cometidos”.
Bajo este esquema, Sancor no pierde el control total, pero sus administradores ya no pueden decidir solos bajo ningún concepto. Cualquier acto que tenga efectos económicos o contables requiere ahora la firma conjunta de este coadministrador, pues sin esa participación, los actos de la empresa serán considerados nulos.
La situación es crítica en lo financiero y los motivos para tomar una determinación de este calibre después de diez meses de proceso concursal resultan evidentes en el expediente. No solo existe una falta sistemática de entrega de documentación sobre el funcionamiento de las plantas en Sunchales, Gálvez o Devoto (falta en el detalle Balnearia, La Carlota, o San Guillermo que fue reabierta recientemente), sino que el Comité Provisorio de Control describe una realidad laboral desesperante. De todas maneras, la intencionalidad final del gremio en este sentido tiene relación con la voluntad de avanzar sobre la empresa y no necesariamente para resolver el problema de base.
Con la decisión judicial muy orientada a los deseos sindicales, en el documento se dice que la Cooperativa adeuda sueldos desde junio de 2025, lo cierto es que eso se terminó de pagar la semana anterior y se cumplen los pagos semanales acordados con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), correspondientes al mes de julio, con pagos de hasta 450 mil pesos semanales.
Sí quedan pendientes los aguinaldos anuales, en medio de un esquema de reclamos gremiales a partir de telegramas, que se ciñen al listado de empleados que obedecen de forma directa de la voluntad del Secretario General de Atilra, Héctor Ponce.
En general, el reclamo de los trabajadores está situado en la falta de aportes previsionales, frente a liquidaciones que así lo consignan. Los descuentos se hacen sobre el sueldo bruto, pero los aportes corresponden al mínimo vital y móvil, e incluso hay diferencias en el pago de Ganancias, cursándose algunas devoluciones desde Arca, que quedan retenidas en Sancor.
Del mismo modo, la tardanza en el “pronto pago”, que resultan del 3% de las ganancias totales mensuales de la empresa, que deberían efectivizarse a modo de cancelación de la deuda contraída en los últimos meses con toda la planta laboral, activa o no. En general, los tres pagos que se hicieron al momento, con las cuotas de febrero, marzo y abril, están lejos de cubrir el 1% de lo adeudado, para la mayoría de la planta laboral.
Esto en definitiva depende de los contratos actuales de fasón que se desarrollan en todas las plantas de la firma, incluyendo un pequeño porcentaje de leche que la Cooperativa recuperó como propia y que paga de forma diferencial, según se dispuso hace algunos meses, para retener esa materia prima.
“Sin perder de vista que lo que se espera y exige de un sistema concursal moderno es que procure, ante todo, la salvación de las empresas capaces de superar sus dificultades por vía concursal, cuando vehiculicen un interés generalizado en su sobre vida por su volumen, por el personal empleado, por el material que consume y produce, etcétera..,, deberá ponderarse el deber que el nuevo Código Civil y Comercial impone a la magistratura respecto del ejercicio regular o funcional (art. 10 CCCN) de los derechos e instituciones legalmente previstas”, dice el nuevo fallo.
La decisión judicial, que en principio operaría hasta el comienzo de marzo, no busca reemplazar a la administración propia, sino disponer un control real para poner fin a un estado de cosas que solo incrementa de manera sostenida el pasivo post concursal.
El documento firmado por el Juez no cita ningún nombre propio, que trascendió mediáticamente sin haber aceptado la designación. De todas formas, en los pasillos de los Tribunales de Rafaela ayer se mencionaba que Lucila Prono tomaría la responsabilidad, con gran experiencia previa en la temática y procesos similares.
Es así que Sancor se encamina a transitar una feria judicial con la necesidad de ordenar sus cifras, sus pendientes y llegar a la otra orilla, cuando el 2 de febrero se retome la actividad tribunalicia de mejor manera y con un horizonte más claro, caminando hacia el primer año de su etapa concursal.
