Siete exministros y exsecretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de gobiernos peronistas o kirchneristas firmaron una dura carta contra el proceso de ajuste que planea llevar adelante el gobierno de Javier Milei.
Felipe Solá, Javier de Urquiza, Carlos Cheppi, Julián Domínguez, Norberto Yahuar, Luis Basterra y Juan José Bahillo aseguraron que el plan previsto para el INTA, “no es su reorganización, sino la luz verde para rematar cerca de 40.000 hectáreas de campos de su pertenencia y crear un negociado inmobiliario”.
La comunicación se conoció luego de que autoridades del Gobierno Nacional mantengan una reunión con las entidades de la Mesa de Enlace para explicar este nuevo intento, ya que dichas asociaciones son además miembros del Consejo Directivo del INTA.
Según la carta, la iniciativa oficial vuelve a escena luego del “revés legislativo y judicial” que sufrió el decreto presidencial que intentó avanzar con cambios estructurales en el organismo. De acuerdo con los firmantes, el Gobierno busca ahora avanzar por una vía alternativa, presionando al Consejo Directivo del INTA, un ámbito que no logró disolver.
Los exministros y exsecretarios advierten que la propuesta implica “un giro de 180 grados” en la misión histórica del instituto, que está próximo a cumplir 70 años. En ese sentido, denuncian que se pretende orientar la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica hacia actores privados con capacidad de cofinanciar proyectos, pero utilizando recursos públicos. “Un INTA para pocos pero financiado con el aporte de todos”, sintetizan.
El texto también detalla las consecuencias que, a su entender, tendría la implementación del plan: una fuerte reducción de personal mediante retiros voluntarios, la pérdida de capital humano formado con fondos públicos, el cierre de programas vinculados a economías regionales, agricultura familiar, campesina e indígena, la clausura de estaciones experimentales y la baja de numerosos proyectos de investigación actualmente en marcha.
Además, alertan sobre el impacto a largo plazo. “Como país veremos que van a ser dados de baja proyectos de especial interés para las generaciones futuras”, señalan, y mencionan específicamente las líneas de investigación sobre mitigación del cambio climático, deforestación, cuidado de los recursos naturales y otras áreas que consideran estratégicas para el desarrollo nacional.
En el tramo final del comunicado, los firmantes llaman a los representantes de las entidades del agro y de la academia que integran el Consejo Directivo a “sostener sus convicciones”, respetar la voluntad expresada por el Congreso y el rechazo judicial previo a este tipo de medidas. “No nos dejemos engañar, no se trata de una modernización, sino de un negociado inmobiliario de un bien público que costó más de medio siglo construir”, remarcan.
El documento concluye con una definición política explícita: “No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se intenta arrojar por la borda este patrimonio del pueblo argentino”, y anticipa que acompañarán a productores, trabajadores y a todos los sectores que se movilicen en defensa del INTA.
