Todavía estamos esperando, en la redacción de Bichos de Campo, el plan estratégico que prometió presentar la conducción del INTA hace mas de un año. Como se demora tanto, comenzamos a suponer que no existe tal plan, y que en realidad lo que Javier Milei quiere hacer con ese organismo tecnológico de 70 años de historia es solamente lo que marcan sus acciones concretas: poner a la venta bienes (entre ellos miles de hectáreas de campos experimentales) para obtener fondos y achicar una buena porción del personal, para reducir gastos.
Esta falta de programación y coherencia en las acciones del gobierno para con uno de los principales organismos del agro no ha sido gratuita, especialmente para sus trabajadores, que desde hace muchos meses sufren de la incertidumbre de no saber qué sucederá con ellos (y con su trabajo, sus investigaciones) al día siguiente. El miedo, dicen los que entienden, paraliza. Y es miedo lo que sienten quienes trabajan allí frente a una motosierra que se mueve de manera histérica y casi idiota, sin una mano firme que la guíe hacia un ajuste que quizás sea necesario, pero que debe ser estudiado y consensuado.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el INTA ha vivido cuatro etapas claramente demarcadas. Todo en menos de dos años:
- La primera etapa fue la de la ingenuidad. Antes de ser expulsado del cargo, el primer secretario de Agricultura libertario, el decano Fernando Vilella, buscó a alguien del propio INTA para conducirlo. Fue así que asumió como presidente el cordobés Juan Cruz Molina, respetado por su pares, que intentó avanzar con cierto ajuste de gastos -como demandaba el gobierno- pero acordando con el Consejo Directivo y la propia comunidad de “inteanos”.
- Esta etapa “conciliatoria” finalizó claramente con la renuncia en octubre de 2024 de Molina, en oposición a la venta sin aprobación del Consejo Directivo del edificio de la calle Cerviño, en una subasta que fue la cabecera de playa para el desembarco de la AABE, la casa de subastas del propio Estado. En el lugar de Molina se designó al actual presidente, Nicolás Bronzovich, quien se sometió de inmediato a las órdenes del equipo económico que hasta allí era coordinado por Juan Pazo, quien envió a cuatro delegados para hacer un plan de ajuste coordinado. En ese momento se exigía al INTA la reducción de entre 800 y 1.000 personas de su plantilla de personal.
- Los coordinadores de Pazo -más por impericia que por falta de poder, aunque su principal soporte dejó de concentrarse en el asunto a partir de su pase a ARCA- protagonizaron un fracaso estrepitoso: los echaron a los tres meses y no dejaron ningún plan estratégico, como habían prometido. En ese lapso, además, Economía puso en marcha un primer retiro voluntario que solo reunió 300 adhesiones, la nada misma. Eso dio lugar a una tercera etapa que arrancó cuando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se envalentonó frente a Pazo y Luis Caputo y tomó el mando del proceso de ajuste, pretendiendo un ajuste violento del personal, para reducir la planta un 25% y llevarla a 4.500 personas. El economista fue el autor intelectual del Decreto 462/2025, que degradaba al INTA y otros organismos de la órbita de Economía y les quitaba la autarquía (en este caso, la posibilidad de defenderse de la motosierra).
- La cuarta etapa, que es la que estamos viviendo ahora, se inició cuando el Congreso Nacional derogó el decreto de Sturzenegger degradándolo a él y sus ínfulas. Esto sucedió a fines de agosto y desde allí se perdió mucho tiempo reestableciendo los mandos naturales en la institución, es decir el Consejo Directivo formado por consejeros tanto del sector público como del sector productivo. La semana pasada, finalmente sucedió la primera reunión de ese cuerpo, restituido como “la máxima autoridad” en el INTA y por lo tanto la única en condiciones de avanzar con un ajuste que nadie cuestiona, pero que debe ser bien hecho.
El consejo directivo del INTA, como se dijo, se reunió hace pocos días y retomó con pocos bríos la discusión, a la espera de que un par de entidades (CRA y las facultades de veterinaria) designen a sus delegados. En este reencuentro luego del intento fallido de Sturzenegger, se planteó una hoja de ruta que no difiere mucho de la única estrategia libertaria conocida hasta ahora: vender activos y reducir costos. Más civilizadamente quizás, y con consenso del sector privado, pero en definitiva el mismo plan.
“Compañeros y Compañeras, debemos seguir atentos pues el presidente Bronzovich sigue insistiendo en un ajuste de personal”, fue el mensaje que el gremio Apinta transmitió a sus delegados en todo el país. En rigor, y aunque no se resolvió nada todavía, en esa reunión volvió a exponerse la chance de convocar a una segunda etapa del retiro voluntario, que resulta mucho más amable que los despidos directos ejecutados por ese mismo funcionario las pocas semanas en que tuvo vigencia el decreto 462.
Y aquí llegamos a la novedad que apareció en dicha reunión del Consejo Directivo, y que en cualquier otro gobierno sería suficiente motivo para el despido de muchos de los funcionarios involucrados en esta saga, pues manifiesta mala praxis y una incapacidad notable para conducir estos procesos.
El dato concreto lo aportó Ariel Pereda, el director nacional del INTA elegido por concurso, alguien que sufrió en carne propia la excitación ajustadora de los “cabeza de tortuga”. En la reunión con los consejeros, el funcionario informó que, en medio de todo este manoseo, la planta de trabajadores del INTA había descendido de los 6.600 empleados registrados en diciembre 2023 (cuando asumió Milei) a 5.800 en la actualidad.
A ese recorte de 800 puestos de trabajo se lllegó tras una combinación de diversos factores: hubo quienes se fueron con el retiro voluntario, aunque otros fueron obligados a tomar la jubilación. Pero sobre todo fue el espanto que entre los investigadores se produjo en medio de la ofensiva idiota de la motosierra sin control claro ni objetivos precisos. Tal como contó oportunamente Bichos de Campo, espantados con Pazo, Sturzenegger, el Congreso y la mar en coche, los que dejaron el organismo -que además paga bajos salarios- fueron muchos de los mejores investigadores, que decidieron migrar al sector privado.
Esas 800 personas que dejaron de pertenecer al INTA representaban el 12% del personal que había al inicio del gobierno de Milei. Es mucha gente la que ya ha quedado en el camino. No sería todo el ajuste que pretendía hacer Sturzenegger, pero es más o menos la meta que perseguía originalmente Pazo, dos de las piezas desunidas del carnaval libertario. Finalmente, con tanta incoherencia e internismo a cuestas, ellos metieron miedo y forzaron la migración de muchos talentos del INTA hacia el sector privado.
Los “cerebros” del gobierno provocaron finalmente una fuga de cerebros seguramente mucho más valiosos que ellos.
