Con un poco de delay, porque ya pasaron casi dos meses desde que finalizó el plazo previamente estipulado, el gobierno nacional prorrogó por un año la intervención que dispuso para la Agencia Reguladora de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), decidida allá por septiembre de 2024 y que tiene casi paralizado el desarrollo de una actividad desregulada a partir de leyes sancionadas en los últimos años.
La decisión fue plasmada en la resolución 464/2025, firmada por Pablo Agustín Lavigne (el no tan conocido secretario de Coordinación Productiva), que en sus considerandos recordó varias de las idas y vueltas que atravesó dicha agencia. Sucede que previo a esta prórroga, las autoridades intentaron disolverla a través del decreto 462, con fecha del 7 de julio pasado, junto al INTA, el INTI y otros organismos autárquicos de Economía.
Entre varios de los puntos identificados en un informe interno, la supresión buscaba ponerle fin a una estructura jerárquica considerada como desproporcionada respecto de la cantidad de empleados que la integraban.
Además, se consideraba que el esquema vigente no distinguía lo suficiente “entre los distintos usos y productos derivados de la planta de Cannabis Sativa L., lo cual genera obstáculos para el desarrollo de la industria del cáñamo en aquellos países que no adaptaron su regulación, comprometiendo la competitividad del sector y generando cargas regulatorias innecesarias”.
La avanzada libertaria en contra de la ARICCAME fue rechazada por ambas cámaras en el Congreso de la Nación, de donde surgieron además (a partir de 2017) un par de leyes que desregulan la producción de cannabis medicinal y de cáñamo industrial .
Ese freno de mano quedó cristalizado en un posterior decreto, el 627 del 2 de septiembre, con el que se restituyeron las normas que hasta entonces regían para la ARICCAME. Por un lado se volvía a habilitar el esquema de trabajo en dos etapas (una referida a la producción agrícola e industrialización de semilla, grano y fibra de cáñamo, y la segunda relativa a la producción agrícola e industrialización de flor y biomasa), y por el otro se mantenía la intervención de esa área, a cargo del médico Ignacio Ferrari.
Lo que se definió ahora es que Ferrari –oftalmólogo de profesión, cuyo vínculo con el negocio del cannabis medicinal pasa porque es miembro fundador y presidente de Cannaradix, un servicio especializado en el uso del aceite de cannabis- siga en el puesto por otros 12 meses, con fecha de inicio el pasado 3 de septiembre.
“La intervención ha permitido avanzar en los objetivos originalmente previstos, especialmente en materia de reorganización interna, agilización de trámites, emisión de licencias y dar intervención a los organismos con competencias específicas involucrados”, se indicó en los considerandos de la resolución, añadiendo que el trabajo de Ferrari “permitió ordenar y sentar las bases para un desarrollo integral de la industria del cáñamo”. En el sector privado no todos piensan lo mismo sobre esta gestión.
De todos modos, el gobierno de Milei definió que el médico continúe ejerciendo las facultades y competencias vinculadas a la “dirección y administración del organismo, representación legal, estructura orgánica, recursos humanos, licencias y autorizaciones, reordenamiento de proyectos, coordinación con autoridades de control y seguimiento de auditorías”.
Resta analizar el impacto que esto tendrá en el sector del cáñamo industrial (si es que tiene alguno), que hasta ahora venía remando en dulce de leche ante las demoras o incluso parálisis que muchos de los proyectos –varios de los cuales tomaron envión durante la anterior gestión nacional- registraban.
