El modelo de los Paisajes Productivos Protegidos (PPP) nació en la Fundación ProYungas, una organización argentina con más de dos décadas de experiencia en integrar conservación y desarrollo en territorios productivos. La iniciativa, que se aplica en áreas como los ingenios azucareros del norte argentino o las selvas subtropicales de Misiones, ahora cruza fronteras y se consolida en Bolivia, donde la presión sobre los bosques convierte a cada hectárea en un terreno de disputa entre la producción y la conservación.
En el oriente boliviano, una de las zonas más sensibles desde el punto de vista ambiental y político, este programa intenta dar forma a un modelo que concilie la producción agropecuaria con la conservación del bosque. Estos PPP están siendo implementado en Bolivia por la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano y Prometa, con financiamiento de la Unión Europea y la asistencia técnica de ProYungas.
“Este es un programa que comenzó hace dos años y busca implementar el modelo del paisaje productivo protegido, con la orientación de nuestros amigos de ProYungas en Argentina”, explicó Julio César Salinas, coordinador general del PPP Bolivia, en diálogo con Bichos de Campo. “Está orientado a desarrollarse como experiencia piloto en dos regiones: el bosque seco chiquitano y el bosque seco chaqueño, que son áreas de alta relevancia en la temática de conservación y producción”.
El bosque seco chiquitano es una ecorregión única en el mundo. Según explica Salinas, “sólo existe entre Bolivia y Brasil, en el escudo precámbrico, y está conectada con el Pantanal. Tiene transiciones hacia el Amazonas al norte y hacia el bosque chaqueño al sur”.
Se trata de un paisaje de enorme valor ambiental, pero históricamente marginado de las políticas productivas. “Era una zona tradicionalmente ganadera, con algo de agricultura de subsistencia. Pero hace unos diez años empezaron a entrar agroindustrias importantes, con cultivos de soja y girasol, sobre todo en la parte baja de la Chiquitanía”, agregó.
El otro territorio donde se aplica el programa es el bosque chaqueño, parte del Gran Chaco Sudamericano, un ecosistema más conocido, pero igualmente amenazado por el avance agrícola, y todos los ojos posados sobre si. Las reglamentaciones europeas sobre la importación de productos de áreas sin deforestar, que entrará en vigencia desde 2026, aceleró los procesos que buscan un cambio de mentalidad en esas zonas.
La presión sobre estas áreas aumentó en la última década. La expansión de la frontera agropecuaria trajo aparejados incendios forestales que devastaron millones de hectáreas. “Desde 2019, la zona de la Chiquitanía ha comenzado a sufrir incendios forestales descontrolados. Muchas veces fueron provocados por la expansión agrícola. Hasta hoy se han quemado más de 12 millones de hectáreas de bosques nativos y territorios importantes”, precisó el coordinador.
En ese contexto, las nuevas exigencias ambientales de los mercados internacionales, como el Green Deal europeo, suman una capa de complejidad. “Europa está empezando a exigir que ningún producto que provenga de un bosque deforestado después de 2020 pueda ingresar a su mercado. Y esa mirada se está contagiando a otros mercados también”, señaló Salinas.
Frente a ese escenario, el PPP promueve un cambio de enfoque: “Sí se puede producir y conservar, eso es posible. Producir conservando, conservar produciendo, es el eslogan del programa para nosotros”, explicó Salinas.
Mirá la entrevista completa con Julio César Salinas:
El desafío central, dice, pasa por regular el uso del fuego y mejorar las prácticas de manejo del suelo. “El uso del fuego puede ser controlado, limitado o evitado. No tiene que ser un descontrol como actualmente se da. Una cosa es habilitar 100 hectáreas, pero si el fuego se descontrola, el incendio puede afectar mil”, detalló.
El problema se agrava con la llegada de nuevos pobladores que desconocen las condiciones ambientales del lugar. “Hay personas que migran desde otras regiones del país y no conocen el manejo del fuego. Una práctica sencilla puede volverse un incendio feroz”, explicó.
El PPP trabaja con productores agroindustriales y pequeños agricultores que comparten una visión de sostenibilidad. “La intención del programa es aliarse con gente productora que tenga empatía con la sostenibilidad y el medio ambiente. Buscamos que no reduzcan su potencial, sino que optimicen la producción en las áreas ya desarrolladas”, sostuvo Salinas.
El objetivo final, dice, es ralentizar el avance de la deforestación y promover prácticas que permitan mantener los paisajes funcionales. “En zonas prioritarias, cercanas a cuencas o áreas protegidas, también se trabaja en restauración y conectividad. La idea es demostrar que se puede producir sin destruir”, resumió.
La Fundación ProYungas desarrolló el modelo de Paisajes Productivos Protegidos en Argentina hace más de una década, cuando comenzó a trabajar con grandes ingenios azucareros del norte y empresas forestales para ordenar el uso del suelo, proteger los ambientes naturales y compatibilizar la producción con la conservación.
Ese mismo enfoque, basado en el mapeo ambiental, la articulación público-privada y la creación de corredores biológicos dentro de áreas productivas, es el que ahora se adapta a Bolivia. “La orientación y guía de ProYungas ha sido clave para trasladar esta experiencia al contexto boliviano”, reconoció Salinas.
