Desopilante: Diputados kirchneristas proponen un régimen de fomento para “transformar poroto en aceite y proteínas”

Un grupo de diputados kirchneristas presentó un proyecto legislativo para crear el “Régimen Nacional de Fomento a la Industria de Valor Agregado en Alimentos” para intentar revertir el “patrón primario de inserción internacional”, el cual –según afirma el proyecto– “genera vulnerabilidad externa, empleo insuficiente y un desarrollo territorial desigual e inequitativo”.

El objetivo del régimen es “transformar grano en harina, harina en fideos, poroto en aceite y proteínas, leche en quesos, carne en cortes de calidad y subproductos de exportación. Cada eslabón adicional multiplica el valor, el empleo y la recaudación fiscal, el desarrollo productivo y la equidad regional”.

El encargado de redactar el proyecto seguramente se llevaría una sorpresa al enterarse de que la Argentina es el primer exportador mundial de harina y aceite de soja.

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“La experiencia internacional lo demuestra con precisión. Brasil consolidó su liderazgo en carnes y alimentos procesados a partir de incentivos a la integración vertical y a la exportación con marca país”, asegura el proyecto, sin recordar que Brasil hizo lo que hizo por no tener ni cupos de exportación ni derechos de exportación, además de contar con un tipo de cambio de mercado (y no uno intervenido por el gobierno).

“Argentina tiene ventajas naturales, infraestructura portuaria estratégica y una base tecnológica y científica que incluye al INTA, Senasa, universidades y parques tecnológicos. Lo que aún no se ha consolidado es un marco normativo estable, previsible y atractivo para el capital privado y cooperativo, acompañado de un Estado que oriente, garantice y coordine”, asegura la iniciativa.

Entre los beneficios contemplados en el innovador régimen propuesto se incluye la deducción del 50% del impuesto a las Ganancias sobre utilidades reinvertidas, la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en bienes de capital y obras de infraestructura y el crédito fiscal transferible equivalente al 10% de las inversiones efectivamente realizadas.

También comprende la “exención de derechos de exportación para productos con valor agregado superior al 50% respecto del insumo primario”. Tal como está redactada la norma, la implementación de la misma requeriría montar un departamento de “cálculo del valor agregado superior al 50% respecto del insumo primario”, además de tribunales específicos para resolver controversias, lo que ciertamente luce poco efectivo para el propósito original de la norma.

El proyecto además dispone la creación del Fondo Nacional de Valor Agregado en Alimentos (FONAVA), administrado por el Banco de la Nación Argentina, que estará destinado a “otorgar créditos de fomento, garantías recíprocas y líneas de financiamiento para proyectos productivos alcanzados por el presente régimen”. Y sólo Dios sabe cómo se financiaría.

También se promoverá la conformación de asociaciones público-privadas (APP) específicas para la industria alimentaria con “contratos de hasta 25 años”, en los cuales el “Estado, a través de los órganos que fueren competentes, podrá aportar suelo (sic), infraestructura y beneficios fiscales. Por su parte, el sector privado participante, podrá aportar capital de riesgo y tecnología para aplicarse al proyecto de que se trate”. En lo que respecta al aporte de suelo, ¿se permitirá la siembra de zapallitos en los parques públicos?

Por último, se determina que el “Estado Nacional y sus organismos deberán destinar al menos un 15% de sus compras anuales de alimentos a productos elaborados en el marco de esta ley”.

El proyecto está firmado por los diputados de Unión por la Patria Diego Giulano, Ramiro Gutiérrez, Marcela Passo, Mónica Litza, Lorena Pokoik, Adolfo Bermejo, Ana María Ianii, Martín Aveiro  y  Jorge Romero, entre otros.