¿Ma’ qué propiedad privada? El colegio de ingenieros agrónomos explica su proyecto para cuidar los suelos, que no lesiona los intereses de los productores y (por el contrario) cuida su mayor capital

Deberemos coincidir en un par de cosas muy objetivas para que pueda seguir leyendo esta nota sin sufrir de una intensa irritabilidad.

Una de esas cosas es que es falso que “los productores argentinos sean los mejores del mundo”. Porque si lo fueran no estaríamos sufriendo el visible deterioro de nuestro principal recurso productivo, que es el suelo. Lo cuidarían, cuesta lo que cueste.

Tampoco, si hubieran sido los mejores del mundo, tantos de ellos se hubieran fundido como sucedió en estos 40 años de democracia. En la Argentina hay muy buenos productores, capaces de sobrevivir a contextos muy difíciles. Pero nada los hace diferentes a los de otros lugares del mundo. Por el contrario, muchos de los nuestros producen en un clima bastante benigno, y sobre tierras que supieron ser muy fértiles. No se encuentra fácil eso en otros países.

La segunda cosa en la que deberemos coincidir es que es falsa aquella idea de muchos productores de que no tienen libertad para producir. Es cierto que el contexto es difícil porque el Estado se apropia de parte de la renta agrícola vía una presión fiscal abusiva, que aquí no hay subsidios como en otros lados, que la política agropecuaria y económica ha sido desastrosa las últimas décadas. Pero no hay nada más falaz que un supuesto “dirigismo agrícola” del que se quejan muchos dirigentes rurales y que no existe. Ese supuesto intervencionismo no es tal, porque los productores argentinos pueden sembrar lo que quieran, cuando quieran, dónde quieran y cómo quieran. ¿Quiere sembrar quinua en Arrecifes? Adelante, haga. Ni siquiera existe una ley que imponga largos plazos a los arrendamientos. Casi nada se les exige a nuestros productores.

Hechas estas aclaraciones, y solo si está de acuerdo con ambos conceptos, puede proceder leer la siguiente entrevista a Guillermo Studdert, uno de los ingenieros agrónomos que puso alma y tiempo para redactar un anteproyecto de ley que se elaboró en el seno del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA), y que tanto debate provocó en los últimos días en los ámbitos agropecuarios.

Studdert es palabra autorizada, porque durante más de 44 años se desempeñó como docente e investigador de la prestigiosa Unidad Integrada Balcarce, del INTA y la Universidad de Mar del Plata. Ahora, jubilado de allí, gasta su tiempo libre en tratar de ayudar a construir conciencia sobre uno de los recursos finitos que nos dan de comer a los argentinos: el suelo.  Junto a sus pares del Colegio, elaboró un proyecto que esperan sea discutido y mejorado por la Legislatura bonaerense.

Ojo. Si usted es de los que creen que iniciativas de estas iniciativas y propuestas constituyen un “ataque al derecho a la propiedad privada” (o alguna otras zoncera salida de boca de dirigentes rurales en los últimos días), mejor no siga leyendo. Nada lo conformará de las muy interesantes explicaciones que brindó Studdert al programa Nuestra Tierra, que se emite por Radio Perfil.

-¿Por qué en este país muchos pudieron hacer soja, sobre soja, sobre soja, y nunca el Estado les dijo nada, muchos productores saltan como leche hervida cuando escuchan hablar del cuidado de los suelos? ¿Qué dice el proyecto? ¿Están proponiendo la reforma agraria y controlar todo lo que se siembra?

-No sé si hubo una mala interpretación, pero lamentablemente no hubo una lectura pausada, tranquila y a conciencia de lo que estaba escrito. No sé si hubo alguna mala intención de alguien de leer entre líneas y sacar cosas que no están ni siquiera entre líneas, pero un poco la idea es que el suelo es un recurso natural, y que como tal es primero sujeto a la regulación. Más que a una regulación a la protección por parte de las Provincias. Lo establece la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires lo admite. Ambas Constituciones obligan a los ciudadanos a hacer lo que sea necesario para proteger los recursos naturales y hacer lo que sea necesario para no degradarlos.

-¿Tampoco cumplimos la Constitución en ese aspecto?

-Lamentablemente nuestro suelo como recurso natural está sufriendo una degradación o un deterioro paulatino. Hay muchísimas evidencias científicas y técnicas que nos lo dicen.

-¿Cómo se mide la degradación de un suelo?

-La más evidente, la que uno más ve si pone el ojo y mira con un poquito de buen criterio, es la erosión. La erosión en nuestra provincia es muy seria, desde la eólica en la parte donde tenemos suelos más sueltos, con menos materia orgánica, suelos más arenosos como en todo el oeste, todo el sur, parte del noroeste. Y la erosión hídrica donde tenemos lluvias más intensas y relieves ondulados donde el agua escurre y se lleva al suelo. Aquellos que miramos con un poquito de ojo crítico lo que está sucediendo vemos las cárcavas, los surcos de erosión o las nubes de polvo en determinadas épocas del año. Eso no hace falta buscarlo, uno lo ve sin buscarlo.

-Pero además hay múltiples análisis, sobre todo del INTA, que advierten de la pérdida de materia orgánica de ese mismo suelo.

-Sí, lo de la erosión es lo tangible, lo que uno puede ver. Lo que uno no ve, aunque está muy relacionado, es la caída del contenido de materia orgánica, que es un componente fundamental en el suelo para darle resistencia, por ejemplo, al fenómeno de la erosión. Eso está absolutamente medido, hay trabajos hechos por gente de la Estación Experimental del INTA de Balcarce -donde yo trabajé durante muchos años hasta que me retiré- con muestreos paulatinos, y vemos que la tasa de caída se sigue incrementando. La materia orgánica se va deteriorando y eso significa pérdida de la posibilidad de que el suelo resista el uso que se le hace, pero además significa pérdida de nutrientes. Ese es otro problema de la degradación: Tenemos un gran tonelaje de producción de granos y la exportación de granos, sacar el grano del campo, se está llevando nutrientes que luego tienen que ser repuestos, porque si no el suelo va perdiendo su fertilidad o sea, su capacidad de soportar la producción de cultivos a menos que se le pongan los nutrientes. Además de esto, tenemos otros fenómenos de degradación que se están viendo tangiblemente, como una aplicación desmedida de riego con agua que no es totalmente adecuada, y que está produciendo sodificación en muchos casos, que conlleva a algún problema físico que hace que la dinámica del agua dentro del suelo sea afectada.  Esto se relaciona también con la recarga de la capacidad de almacenar agua del suelo e inclusive con la capacidad de recarga de los acuíferos.

-Hasta aquí hay hecho un diagnóstico claro. Estamos perdiendo uno de los recursos más valiosos que tenemos. Ustedes como profesionales de la Agronomía se dan cuenta e intentan instalar esta discusión que en general no está en la escena argentina. Hicieron un anteproyecto de ley. ¿Qué dice el anteproyecto? ¿Qué se puede hacer para cambiar esta realidad?

-En primer lugar debo aclarar que esto fue fruto del trabajo mancomunado de varios colegas de distintos ámbitos, tanto del sector privado como del sector público que a título personal integraron la Comisión de Conservación de Suelos del Colegio, primero a nivel regional con representación de las cuatro regiones en que divide el colegio la provincia. Partimos de la base de un proyecto que había sido presentado en 2019, pero después perdió el estado parlamentario porque no fue tratado . Ese proyecto se enfocaba más preponderantemente sobre la erosión. Lo tomamos y sobre eso empezamos a trabajar. Es decir, tratar de hacer algo en pos de cualquier proceso de degradación que pudiera estar sufriendo el suelo.

-¿A qué conclusión llegaron?

-Lo fundamental es que se basa en proponer que la Provincia de Buenos Aires se divida en distritos, que ya estaba eso propuesto y estaba hecho cuando se aplicó la ley nacional de conservación de suelos allá por los años 80. A su vez, proponemos que se definan áreas críticas, áreas que tienen mucha mayor susceptibilidad a la degradación o que ya estén con cierto grado de degradación Para poder enfrentar eso, lo que se propone es que se presenten planes de uso y manejo de suelo en dichas zonas. Eso es lo que se malinterpretó. No es que nadie le vaya a decir al productor o a sus colegas asesores que es lo que tienen que hacer, sino que tienen que ser planes tendientes a producir considerando prácticas o combinaciones de prácticas que lleven a solucionar o prevenir el problema de la degradación según la más preponderante en el lugar donde esté. O sea, no hay una intervención directa en la decisión sino que se propone llevar a cabo una evaluación de un plan agronómico.

-¿Y si yo quiero hacer soja sobre soja sobre soja?

-Si en algún lugar donde haya propensión a la erosión alguien propone hacer soja continua con alguna labranza que deje el suelo desnudo, se lo observará y se le dirá: ‘Mire acá en esta situación lo que usted está proponiendo es algo que va a llevar a degradar el suelo’.

-¿Y quién le va a decir eso? ¿Quién sería el jurado con capacidad de decir eso tan evidente a un productor?

-Sabe, una de las cosas que molesta más y quizás puedo entender es que se propone que la autoridad de aplicación de este proyecto sea el Ministerio de Desarrollo Agrario.

-Claro, como la provincia está en manos de Axel Kicillof, las suspicacias pueden venir por ese lado. Pero la verdad es que es ridículo, porque es la autoridad de aplicación de la politica agropecuaria…

-En el proyecto de ley aquel que mencioné de 2019 se decía que el Ejecutivo designaba cuál era la autoridad de aplicación. Pero nosotros no vamos a esperar que el Poder Ejecutivo de la provincia nos diga que va a ser el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Educación. No tiene sentido.

-¿Y puede ser prohibitiva la opinión de este organismo en caso de que se apruebe la ley? Sea el Ministerio de Desarrollo Agrario, sea el INTA o sea cualquier otro. ¿Es una amenaza hacia el productor y su derecho a la propiedad privada?

-Una cosa importante que tenemos que decir es que en esas zonas definidas como críticas hay cierta obligatoriedad de aplicar estos planes O sea, los planes se demandan cuando hay una situación crítica de susceptibilidad o ya hay algún grado de degradación. Allí el productor debería obligatoriamente presentar estos planes. Tienen que existir. Lo que puede hacer la autoridad de aplicación frente a ese plan es decir que no cumple con los requisitos mínimos. Y bueno, volverá para atrás y deberá ir a una reformulación de plan. Pero una vez aceptado el plan , aquel que lo viole sí está sujeto a sanciones.

-¿Castigos sin premios?

-También aquel que aplique el plan está sujeto a beneficios impositivos. Para eso pedimos asesoramiento porque no es nuestro tema la parte impositiva. Está planteado desde el lado de ingresos brutos y el impuesto al Sello. Eso obviamente es modificable y es discutible en las cámaras o por quien quiera opinar. Esto recién es un anteproyecto que se presentó ante el Senado, que abrirá la instancia de discusión y debate para poder ir ajustando los aspectos que sea necesario ajustar

-¿Habrá control social en dicha iniciativa?

-Esa es otra cosa que yo quería decir. Está planteado que haya participación de todas las instituciones en instancias participativas tanto a nivel local, que sería a nivel de los distritos, como a nivel provincial O sea, ahí hay un primer paso en la evaluación de estos proyectos. A nivel de distrito habrá una mesa local, donde van a estar convocadas todas las instituciones que quieran participar Si quieren podemos buscar un paralelo con los consejos asesores del INTA, donde las instituciones están convocadas a participar y a opinar.

-Han sido muy prudentes en este anteproyecto. Cualquier pyme que produce alimentos tiene un director técnico responsable. No puede ser que no haya agrónomos responsables de los campos, cuando en muchos casos además tienen dueños que los alquilan y se desentienden de la salud de su suelo.

-Un poco nuestra idea es poner en el tapete la situación. Poder discutir y poder buscar soluciones conjuntas. Nosotros no somos quienes para decir que tenemos la verdad. Quizás tenemos un poco más de conocimiento. La mayoría de los que nos ofrecimos voluntariamente para empezar a trabajar en este proyecto somos personas que hemos estado involucradas en cuestiones del suelo. Yo hice docencia, investigación y extensión en manejo del suelo desde los años 80, cuando me recibí como ingeniero agrónomo. Así que tengo un largo trecho trabajando en esto y los otros colegas más o menos. Entonces, tenemos un amor por el suelo en sí, pero a la vez una consciencia de que es uno de los recursos naturales fundamentales no sólo para la producción sino también para el funcionamiento de todo el ecosistema.  Entonces, si el suelo no funciona la producción se puede ver comprometida, pero a su vez el ecosistema en general se ve comprometido. Entonces, en la medida que podamos hacer algo para mejorar eso, no para controlar, no para regular.

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-¿Entonces no era un ataque a la propiedad privada como argumentaron algunos dirigentes?

-La idea es que todos pensemos qué es lo que debemos hacer para proteger el suelo. En general no debería hacer falta una ley para eso. El sentido común nos debería llevar a tener ciertos recaudos. Pero todos sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, debería el Estado o las leyes o la comunidad, la que decida proteger sus recursos naturales a través de ciertas normas de funcionamiento que hagan que todos funcionemos protegiendo el recurso. El que hace las cosas bien las va a seguir haciendo bien y no va a tener absolutamente ningún problema. El que hace las cosas mal va a tener que ponerse a planificar.