La caída del uso de semilla fiscalizada es parte del proceso de perdida de competitividad que viene registrando en los últimos años el sector agrícola argentino.
El uso de semilla fiscalizada de soja en 2024/25 fue estimado en 16,7% por el Instituto Nacional de Semillas (Inase). Si bien se trata de un nivel superior al de la campaña anterior, sigue sin poder superar la marca del 20% vigente hasta el ciclo 2021/22.
Si bien existen condicionantes macroeconómicos y tributarios que restringen la incorporación de tecnología, el empresario agropecuario y ex jefe de gabinete del Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca, Santiago del Solar, cree que detrás de ese fenómeno se esconde además un daño autoinflingido.
“El sistema ‘Sembrá Evolución’ espanta productores con cláusulas abusivas que traen más problemas que soluciones y eso se nota en la venta de semilla fiscalizada de soja”, indica Del Solar en referencia a la iniciativa impulsada por las principales compañías semilleras para intentar obtener una retribución por el desarrollo genético y biotecnológico ante la ausencia de un marco normativo acorde a la actual coyuntura.
“Para poder comprar las nuevas variedades de soja y trigo es obligatorio firmar una documentación que obliga a compartir información fiscal propia con un privado, lo que es una anomalía que no está presente en ningún otro rubro económico”, indicó Del Solar.
Otra de las cláusulas indica que el productor debe autorizar inspecciones y acceso irrevocable a los establecimientos sin aviso previo de inspectores designados por las semilleras.
“La atribución de control debería ser potestad de un organismo oficial y no de una empresa privada; de la manera que está planteado, es una fuente de conflicto entre las semilleras y los productores”, argumentó.
La “Licencia de Derechos de Obtentor y Compromiso Irrevocable de Reconocimiento de Aporte Genético” –tal es el nombre técnico del contrato– establece, para la siembra de cultivares de propia multiplicación, cargos adicionales en caso de superar un determinado rendimiento, lo que en los hechos configura como una suerte de “retención” privada. También establece multas desproporcionadas y una cláusula de renovación perpetua.
“Creo que el sistema, como está confeccionado, amedrenta a muchísimos productores a firmar, porque, si bien algunos al principio firmaron sin leer bien las cláusulas, luego se dieron cuenta qué habían hecho”, remarcó.
Del Solar estima que la solución es contar con una Ley de Semillas actualizada, dado que la norma vigente en la materia fue redactada en la década del 70 del siglo pasad.
“La solución es una ley que incluya a todas las autógamas y que reconozca la propiedad intelectual del desarrollador; muchos optamos por no adquirir nuevas variedades al no querer firmar las cláusulas contenidas en Sembrá Evolución”, resumió.
