Loretta Preska, jueza del Distrito Sur de Nueva York (EE.UU), ordenó al Estado nacional argentino que entregue en un lapso de dos semanas el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera. La decisión, que será apelada por el gobierno de Javier Milei, se tomó como retribución por la sentencia en contra en primera instancia de 16.100 millones de dólares más intereses que se dictaminó en 2023.
Más allá de los desmanejos posteriores que derivaron en tan insólito desenlace, los responsables de los sucesos en cuestión son los 208 diputados –a los que habría que sumar cinco abstenciones y once ausentes– que votaron en 2012 a favor de la expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos de la española Repsol.
Pocos saben que la expropiación de YPF derivó un perjuicio enorme para el sector agroindustrial argentino, ya que, como represalia por la expropiación de YPF, la Unión Europea aplicó en mayo de 2013 derechos anti-dumping provisionales contra el biodiésel argentino por un máximo de hasta 104,9 u$s/tonelada, que en noviembre de ese año se transformaron en efectivos –por un plazo de cinco años– en valores de entre 216,6 y 245,6 euros por tonelada, lo que tonó inviable la exportación del biocombustibles hacia ese mercado clave.
Así la Argentina perdió un negocio pujante en un momento de precios internacionales elevados del biocombustible, lo que fue compensado parcialmente con una reducción de los derechos de exportación por parte del gobierno kirchnerista.
Gran parte de los embarques de biodiésel que ya no pudieron enviarse a Europa comenzaron a derivarse hacia EE.UU. y Perú, que poco tiempo después también procedieron a bloquear el ingreso de biodiésel argentino.
En cuanto al mercado de la Unión Europea, Argentina inició un reclamo ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), el cual, luego de una farragosa gestión burocrática, dictaminó a favor de la Argentina.
La estocada de la UE-27 no fue gratuita, porque las exportaciones argentinas de biodiésel destinadas a Europa se retomaron desde 2019, pero en el marco de lo dispuesto en el reglamento 244719 y la decisión 245/19 de la Comisión Europea, por medio del cual las empresas que integran la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) se comprometen a exportar al mercado comunitario un cupo anual de biodiésel con un precio mínimo.
El episodio de la expropiación de YPF también fue, de alguna manera, el inicio de la debacle del sector de biocombustibles argentinos porque cuando el kirchnerismo comprendió que YPF estaba muy lejos de ser una “vaca” de recursos gigantesca para financiar la “caja” política, comenzó a usar a usar a la industria del biodiésel y del bioetanol como variables de ajuste de la política energética.
En ese marco, en muchas ocasiones las necesidades de YPF pasaron a ser más relevantes que las necesidades de la Argentina, lo que pudo evidenciarse en el año 2022 con un desabastecimiento grave de gasoil en plena cosecha gruesa, lo que podría haberse evitado –sin mayores esfuerzos– con el uso de biodiésel 100% argentino.
Otra situación insólita es que un país que tiene déficit de divisas importa gasoil que podría ser reemplazado por biodiésel 100% nacional. Sin embargo, eso se explica por la sencilla premisa de que la política energética está sustentada en los intereses de la petrolera estatal.
Ciertamente, el daño provocado por la irresponsable expropiación de YPF –que podría haberse realizado de una manera mucho más civilizada– excede con creces el monto pretendido por la causa judicial que se está llevando a cabo en Nueva York.
