Un decreto firmado por Javier Milei y publicado este miércoles en el Boletín Oficial da cuenta de una historia increíble, que solo puede suceder en la Argentina.
En 1997, La Blanquita SA fue declarada beneficiaria del Régimen de Promoción No Industrial que en aquel momento establecía beneficios impositivos para empresas interesadas en desarrollar el sector agropecuario de varias provincias postergadas. Entre ellas, la de San Luis. El emprendimiento se proponía la cría de caprinos en un tambo con 317 cabras en ordeñe a realizarse ubicado sobre 119 hectáreas, ubicado en la Localidad El Chorrillo, en el kilómetro 780 de la ruta 7, cerca de la capital provincial.
El emprendimiento era llevado adelante por la familia Carranza, la cual controlaba la empresa Premoldeados San Luis, dedicada a realizar obras viales y de ingeniería.
Para llevar adelante dicho proyecto se necesitaba una inversión total comprometida de 495.860 pesos (dólares, en aquellos tiempos de convertibilidad) y una dotación de personal mínima de 10 personas a partir de la puesta en marcha de la explotación, “la cual debía denunciar antes del 31 de diciembre de 2001”. Es decir, unos días después de la gran crisis de la salida de la convertibilidad.
Con el correr de los años, pero casi dos décadas después, la AFIP “realizó fiscalizaciones a la empresa promovida”, y “concluyó que la firma habría incurrido en incumplimientos relativos a los rubros dotación de personal permanente y producción -en el período comprendido entre los años 2014 y 2016. También había dejado de presentar las declaraciones juradas semestrales correspondiente a los semestres de los años 2015 y 2016.
Unos 25 años después, el Ministerio de Economía ordenó un sumario contra La Blanquita SA “por los presuntos incumplimientos detectados”. Pero la firma apeló la decisión bajo el argumento de que “los inversionistas utilizaron el diferimiento de impuestos durante los períodos 1998/1999 y que posteriormente esos diferimientos fueron cancelados en tiempo y forma e informados a la AFIP, entendiendo que al haberse cancelado en su totalidad, no se ha utilizado ningún tipo de beneficio, como tampoco por ganancias, razón por la cual manifestó que no correspondería el sumario, por no haber existido falta alguna”.
Pero en el mismo expediente, La Blanquita reconoció que “a partir del año 2015, por la situación económica del país y particularmente del sector lácteo caprino, se vio obligada a vender sus equipos y cerrar el tambo”.
Lo que ha pasado desde entonces es que en los despachos oficiales, durante los diez años que ya han pasado, se ha seguido con el expediente, confirmando esta situación: que entre enero de 2015 y junio de 2016, el tambo no había gozado de diferimiento impositivo alguno por cuanto “desde el año 2014 discontinuó la producción de la leche, por tornarse inviable económicamente, no teniendo ventas ni producción de leche”. En 2015, por esta razón, el emprendimiento “se vio obligado a vender sus equipos y cerrar el tambo”.
De todos modos, el burócrata siempre gana: “En lo concerniente a la presentación de las declaraciones juradas semestrales correspondientes a los semestres de los años 2015 y 2016, la Instrucción Sumariante indicó que del Formulario 206/Multinota Impositiva, a través del cual La Blanquita SA informó que la referida documentación no fue presentada, surge que la citada empresa incumplió con tal obligación en los mentados ejercicios”.
Peor todavía: Economía consideró que “teniendo en cuenta el período en que tuvieron lugar los incumplimientos involucrados (2014-2016), no se encuentran prescriptas las acciones para aplicar las sanciones pertinentes, criterio que fuera compartido por el servicio legal competente, teniendo en cuenta que su cómputo, en función de la normativa antes señalada, comenzó a correr a partir del año 2017”.
En consecuencia, el Estado decidió “sancionar” a la firma.
Es lo que hizo ahora el Estado utilizando nada menos que un decreto firmado por Milei y su ministro Luis Caputo; en el mismo decidieron -diez años después del cierre- el “decaimiento total de los beneficios promocionales otorgados” en 1997, así como “la extinción del Cupo Fiscal” con que gozaba ese tambo caprino.
También se impuso a La Blanquita SA “el pago de una multa de 49.586 pesos”, una suma ridícula que los empresarios que intentaron producir leche en San Luis -y de hecho lo hicieron por varios años.- deberá efectuar en el plazo de 10 días hábiles”.
Ojalá lo hagan. Porque si no corremos el riesgo de que el expediente quede abierto y en 2035 los burócratas de siempre vuelvan a reclamar ese dinero.
