La propuesta que realizó hoy la Comisión Europea al parlamento para postergar la puesta en vigencia de la resolución 1115, que prohíbe el ingreso a esa unidad económica de productos que no puedan certificar que fueron originados en áreas libres de deforestación, generó alivio tranqueras adentro del sector agropecuario, y también del Gobierno Nacional.
Este último, mediante un comunicado solemne, valoró la propuesta de postergar esta medida. Luego de informar que la medida ahora entraría en vigencia desde 2026, si es que aprueba el Parlamento Europeo, enumeró las acciones que se llevaron a cabo para lograr este nuevo plazo.
“Desde el inicio de la propuesta de reglamento, la Argentina expresó sus preocupaciones y cuestionamientos respecto a varios aspectos de esta medida unilateral, y presentó distintos reclamos ante la Unión Europea, tanto en forma individual como en gestiones conjuntas, con un grupo numeroso de terceros países, de manera bilateral y ante los foros multilaterales correspondientes”, dijeron de manera oficial desde el Gobierno Nacional.
En ese sendero, destacaron especialmente los planteos realizados en la reunión bilateral del Comité Conjunto Argentina – UE en el mes de junio; la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías de la Organización Mundial del Comercio en julio; la Declaración Ministerial del Consejo Agropecuario del Sur (CAS, conformado junto a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) publicada en la reunión del 27 de julio de 2024 en Buenos Aires y la nota remitida al Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea.
“Nuestro país cuestiona la compatibilidad del reglamento con la normativa de la OMC, que exige que este tipo de medidas no se constituyan en una barrera encubierta con efectos distorsivos sobre el comercio internacional. Se espera que el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo den el visto bueno a la propuesta de la Comisión, en línea con los reclamos realizados por nuestro país. Argentina propondrá ahora en el marco del CAS realizar acciones ante ambas instancias”, dijeron desde el gobierno, a la vez que subrayaron que seguirán trabajando junto con los productores y exportadores de las distintas cadenas de valor para abogar por normativas y estándares acordes a la legislación internacional, que contemplen las distintas realidades locales y favorecer su inserción en los mercados mundiales”.
Por su parte, la Sociedad Rural Argentina manifestó su agrado ante esta propuesta europea, ya que la entidad rechazó tanto en ámbitos nacionales como internacionales (Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, Foro Mercosur de la Carne, Organización Mundial de Agricultores, reuniones COPs y encuentros específicos en Chile, Paraguay, Uruguay, Alemania y Bélgica), de manera categórica dicha imposición.
Declaración de la Sociedad Rural Argentina
Ponemos en valor la decisión que ha tomado la Comisión de la Unión Europea de pedir posponer y rever la aplicación de la norma 1115/2023 respecto a la deforestación agregada para los productos con destino a ese mercado.
Desde un primer…
— Sociedad Rural (@SociedadRural) October 2, 2024
“No obstante, desde hace 2 años trabajamos arduamente y hoy vemos que se logró un avance que parecía imposible de lograr. Ahora nuestro desafío será seguir recorriendo el mismo camino para lograr una revisión integral de la normativa y/o su suspensión definitiva”, manifestaron los ruralistas.
En tanto Nicolás Pino, presidente de la entidad expresó: “creemos firmemente en los consensos basados en trabajo y discusión con participación efectiva y no en las oposiciones públicas extremistas que solo llevan confusión a los productores”.
En tanto, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), celebró esta medida y recordó que se trataba de algo injusto para los productores: “La postergación de la normativa 1115 es en principio un alivio para los productores, que venían enfrentando una medida injusta que no consideraba la realidad de nuestras prácticas productivas y el esfuerzo por la sustentabilidad en el campo”.
A su vez, el santafesino al mando de CRA, que recientemente se desvinculó de VISEC, la plataforma que sirve de nexo certificador de las exportaciones libres de deforestación bajo el argumento de que cualquier política que comprometa la soberanía y la competitividad de los productores no será aceptada, agregó: “Desde CRA hemos defendido siempre que las normativas internacionales deben respetar las particularidades locales; la postergación de esta medida es un reconocimiento a nuestras demandas, pero seguiremos trabajando para que se tenga en cuenta el contexto del productor argentino”.
La flamante presidenta de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, expresó: “Desde FAA consideramos que la norma de la UE sobre deforestación nos condiciona y se convierte en una medida pararancelaria para nuestros productos, además de generar una carga para el productor argentino. Producimos de manera responsable, así que la postergación dispuesta ahora debería servirnos para poner en valor esa práctica, a través de una articulación público y privada que nos permita estar preparados para salir al mundo”.
