Una de las niñas mimadas de la política pública en la etapa de gestión nacional correspondiente a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, entre 2019 y 2023, ha sido la desregulación del cultivo de cannabis para uso medicinal e industrial, lo que motivó la instalación de varios proyectos productivos a lo largo de todo el país. Javier Milei, en su gobierno, se había mostrado distante de este asunto, pero hasta ahora.
Mediante el Decreto 833/2024, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobierno de La Libertad Avanza decidió intervenir la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el organismo que nació a partir de la sanción de la Ley 27.669 que desreguló esa actividad y creó una nueva posibilidad del cultivos del cannabis para otros usos más allá del recreativo.
Según esa ley, el organismo tiene como funciones “la regulación de la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales”. Es decir, supervisa sobre todo este potencial nuevo negocio del agro local.
Pero al llegar al gobierno, el equipo de Milei no encontró las cosas funcionando del modo correcto. O esa es la justificación al menos para la intervención: en el decreto se dice que la ARICCAME “evidencia una falta de personal, una inadecuada operatividad, falta de emisión de licencias y autorizaciones habilitantes, así como una significativa demanda por parte del sector privado”. Todo esto, según la nueva mirada oficial, “hace imprescindible la reducción de la carga burocrática existente”.
“En esta instancia, resulta un objetivo fundamental proporcionar una mayor eficiencia en las gestiones y trámites, unificar procedimientos administrativos y expedientes, dar intervención a los organismos con competencias específicas involucrados y facilitar el acceso y difusión de la información de manera homologada, estandarizada, actualizada e integrada”, prometió el decreto de intervención, que se propone llevar adelante “un rediseño organizativo” de ese organismo.
En estos términos, y con esa promesa, el gobierno dispuso la intervención de la ARICCAME por el plazo de un año, aunque podría prorrogarla por otro año en caso de no concluir con esta tarea en septiembre de 2025. Al mismo tiempo, se limitó la designación de Rubén Gabriel Giménez como directos de ese organismo y se designó en su lugar al médico Ignacio Ferrari (arriba, en la foto), con rango y jerarquía de Director Nacional. ¿Quién es? Es un oftalmólogo que trabaja en zona norte de Buenos Aires y actualmente tiene consultorio en Pilar, cuyo vínculo con el negocio del cannabis medicinal pasa porque es miembro fundador y presidente de Cannaradix, un servicio especializado en el uso del aceite de cannabis, y presidente en Instituto Argentino de Endocannabinologia
“En el ejercicio de su cargo el Interventor tendrá las facultades y competencias establecidas para la ARICCAME, especialmente las funciones de Dirección y Administración asignadas al Directorio de dicha Agencia Regulatoria, y ejercerá la representación legal del organismo”, dice el decreto firmado por el presidente Milei, además de Guillermo Francos y el titular de Economía, Luis Caputo.
Una de las primeras tareas del funcionario será “confeccionar y elevar” al Ministerio de Economía “un informe sustanciado del estado de situación de la citada Agencia Regulatoria” y “revisar y disponer todas las acciones tendientes a la regularización y reordenamiento de programas y proyectos gestionados con financiamiento externo” en dicho organismo. Luego podrá proceder a “modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado y funcionarios”.
Pero la clave de la ARICCAME es que de ella depende “otorgar, controlar y efectuar el seguimiento de las licencias y/o autorizaciones” para el cultivod e cannabis para uso medicinal o cáñamo industrial. En el inicio del gobierno de LLA hubo casos dudosos en los que algunos permisos extendidos por el INASE (Instituto Nacional de Semillas) para funcionar como criaderos de cannabis eran manejados por organizaciones muy dudosas ligadas posiblemente al narcotráfico.
La intervención le da amplios poderes de Caputo, y a su secretario de Coordinación de la Producción Juan Pazo, a hacer y deshacer en materia de presupuesto, permisos, y etcéteras: “Economía prestará los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable, financiera, de compras, de recursos humanos y en materia jurídica”, hasta que la Agencia regulatoria se reorganice, dice el decreto.
El día que renunciaron las autoridades de este organismo por el cambio de gobierno, antes de cerrar la puerta y apagar la luz, les otorgaron licencias para cultivo de cáñamo a sus amigos, porque ya las habían cobrado. Ojalá se investigue eso y se democratice el acceso a todos los que queremos formar parte de esta industria.