Aunque no muchos lo sepan, en la Argentina hace seis años que rige un insólito “apagón estadístico” instrumentado con excusas tan inverosímiles como estúpidas.
Esta semana el gobierno nacional dio de baja la obligación de registrar las DJVE de varios productos regionales para eliminar una carga burocrática innecesaria y costosa para las empresas exportadoras.
Con bueno tino, algunos observadores advirtieron que esa decisión también eliminaba un registro estadístico muy valioso, pues al declarar un embarque se identifica al exportador, lo que permitía armar un “mapa” de los embarques programados.
La realidad es que no tiene sentido molestar a las empresas con tales registros porque la Aduana cuenta con información mucho más valiosa sobre comercio exterior. El problema es que dejó de publicarla en 2018.
Durante los gobiernos kircheristas las estadísticas argentinas de comercio exterior publicadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) fueron de pleno acceso público y así, tanto para exportaciones como importaciones, resultaba factible conocer –con actualizaciones diarias– la posición arancelaria, producto, origen/destino, volumen, valor FOB y precio unitario.
Durante muchísimos años me dediqué a analizar bases de datos alimentadas con los registros aduaneros para estudiar tendencias de mercado sin dejar de considerar la riqueza que proporciona entender la magnitud de las dispersiones y el origen de su naturaleza. Los promedios y las medianas son útiles, pero esconden mucho más de lo que muestran. Veamos un ejemplo relativo a la importación de fosfato monoamónico, donde cada punto amarillo corresponde a un importación en la cual es factible identificar el volumen y origen del fertilizante.
En febrero de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, la plataforma del “Sistema Malvina” (SIM) de la Dirección General de Aduanas –organismo integrante de la Afip– fue inhabilitada de manera sorpresiva.
Inicialmente los actores que trabajan en los diferentes ámbitos de comercio exterior pensaron que se trataba de un desperfecto técnico porque el portal de acceso a los datos señalaba lo siguiente: “Disculpá las molestias ocasionadas. Estamos trabajando para mejorar el sitio. A la brevedad podrás ingresar sin inconvenientes”. Pero pasaron los meses y los datos seguían en la penumbra.
Cuando las quejas comenzaron a amontonarse, las entonces autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) tuvieron que organizar en junio de 2018 un evento para finalmente comunicar que la Afip había dejado de publicar los registros de comercio exterior para preservar el secreto estadístico dispuesto en la Ley 17.622.
Desde entonces, los datos de comercio exterior publicados por el Indec, además de difundirse con un retraso exasperante, son incompletos y parciales.
De hecho, el propio portal del Indec relativo a estadísticas de comercio exterior menciona que “a partir de los resultados de marzo de 2018 el Indec ha debido adaptar la difusión de los resultados conforme a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos individuales (Art 10° de la Ley 17.622; Título VI del Decreto 3.110; Art. 1° de la Disposición 176/99, entre otros)”.
El artículo 10 de la Ley 17.622 menciona que “las informaciones que se suministren a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional serán estrictamente secretos y sólo se utilizarán con fines estadísticos” y añade que tales datos deberán ser publicados “exclusivamente en compilaciones de conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieran”.
La redacción es confusa y permite hacer una libre interpretación del artículo. Pero en una cuestión es inconfundiblemente claro: no es legal identificar a la empresa proveedora del dato.
Ahora bien, lo que para la Afip es un mandato para sobrecumplir esa exigencia y establecer un “apagón estadístico”, para la ahora Secretaría de Bioeconomía es “papel higiénico”, porque publica diariamente los embarques declarados de productos agroindustriales con nombre y apellido.
Es decir: técnicamente, siguiendo el razonamiento de lo manifestado por el Indec en referencia al ocultamiento de datos instrumentado por la Afip, la Secretaría de Bioeconomía está violando el secreto estadístico y vulnerando los derechos de cientos de compañías que declaran diariamente los embarques de productos agroindustriales.
Más allá de lo ridículo de todo el asunto, resulta imperante que alguna autoridad del gobierno nacional encuentre la manera de ordenar la cuestión y resolver el problema para terminar con el vacío informativo presente en el ámbito del comercio exterior luego de seis penosos años de vigencia del mismo.
