Chocolate amargo: La Legislatura bonaerense debe analizar un impuestazo de Kicillof, que pega sobre los propietarios de campos y hasta les añadiría una cuota

Si los productores agropecuarios y quienes les alquilan los campos habían comenzado a hacer las cuentas de 2024 tomando en cuenta solo los mayores ingresos producidos por la devaluación, le sugerimos que vuelva a tomar el lápiz y espere para hacer nuevos números, porque está en marcha un nuevo gran ajuste por parte de los diferentes niveles de gobierno.

En la provincia de Buenos Aires, y en materia agropecuaria, este nuevo manotazo tendrá la forma -como suele suceder- de impuesto inmobiliario rural.

El gobernador Axel Kicillof, quizás uno de los pocos sobrevivientes de la dinastía K, envió en las últimas horas a la Legislatura bonaerense -la misma que todavía no se depuró luego del episodio escandaloso de “Chocolate Rigau”, un nuevo proyecto de ley impositiva que incluye un fuerte aumento del impuesto inmobiliario, de entre 140% y 300% para los contribuyentes, pero que además reclama a los propietarios de tierras rurales una cuota adicional.

Esta suba del tributo a las propiedades en territorio bonaerense -que en algunos casos irá en línea con la inflación pero en otros la duplica- deberá definirse en la legislatura, donde el ruralismo englobado en Carbap ya ha protagonizado otras batallas memorables: por caso, un fuerte revalúo de los campos dispuesto por el ex gobernador Daniel Scioli justo después del fracaso de Cristina Kirchner en 2008, tras tratar de imponer a nivel nacional las retenciones móviles.

Kicillos no envió un proyecto de Presupuesto 2024 debido a la falta de proyecciones sobre las principales variables macroeconómicas por parte del gobierno nacional que ahora conduce Javier Milei. Pero sí mandó un proyecto de ley Impositiva Fiscal, que establece topes progresivos de aumento del gravamen respecto al año anterior, los cuales varían según el nivel de patrimonio de cada contribuyente.

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Así, mientras el 90% de los contribuyentes tendrá subas de hasta  200% en el Impuesto Inmobiliario Rural, un 10% más adinerado tendrá avances cercanos al 300%, según una estimación previa. Los nuevos valores, de ser aprobados, entrarían en vigencia desde el 1° de enero.

“En el caso del impuesto Inmobiliario se promueve mantener el valor real del tributo ante el escenario de incertidumbre respecto al devenir de las variables macroeconómicas. En cuanto al impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, se actualiza la base imponible recuperando el deterioro surgido por los indicadores macroeconómicos y, para seguir dotando de progresividad, se establecen topes de crecimiento del gravamen respecto del año anterior, los cuales son ascendentes a mayor patrimonio”, indica el texto del proyecto enviado por el gobernador reelecto.

Para el impuesto impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, la escala menor de base imponible es de 0 a 1,8 millones de pesos que pagará una cuota fija de 1.820 pesos. En comparación con el año pasado, la escala más baja iba hasta los 456.000 pesos y pagaba un monto fijo de 455.

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El impuesto a pagar resultante para el contribuyente urbano deberá tener un tope de incremento en 2024 en comparación con este año que seguirá estas variables:

• 140% cuando se trate de inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2024 sea de hasta $5.054.912 inclusive.
• 170% cuando se trate de Inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2024 sea  hasta 9.310.820 pesos.
• 240% cuando se trate de inmuebles cuya base imponible correspondiente al año 2024 sea de hasta 31.465.000 pesos inclusive.
• 300% cuando el valor de la propiedad sea de hasta 121.800.000 pesos inclusive.

“En el impuesto Inmobiliario Baldío, se actualiza la base imponible en la misma magnitud que en el Edificado. En el impuesto Inmobiliario Rural, se mantiene la misma lógica que en el Edificado, desarrollando topes progresivos de crecimiento del gravamen y aumento de la base Imponible”, continúa el documento girado al parlamento provincial.

Otra de las novedades de la Ley Impositiva es que se incorpora una cuota adicional a los campos de mayor valor de la provincia de Buenos Aires, aunque desde el Gobierno se aclaró que “ninguno de las partidas rurales pagará aumentos que estén por encima de la inflación acumulada”.