La reunión entre Luis Caputo, el ministro de Economía, y los representantes de Ciara-CEC, la poderosa cámara que agrupa a las agroexportadoras agrícolas, sucedió a los pocos minutos de realizados los anuncios, donde el flamante funcionario de Javier Milei había confirmado una mejora en el tipo de cambio efectivo que recibe el sector exportador, con un dólar oficial a 800 pesos, y el fin de la discriminación al agro mediante las retenciones, que ya cumplen 21 años y significaron una transferencia de los productores al sector público de más de 200 mil millones de dólares.
“Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos, para que los sectores productivos tengan realmente los incentivos adecuados para aumentar la producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto PAIS a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario”, dijo el ministro en su discurso leído. Esa frase, que era tramposa, desató primero la alegría de muchos productores.
Pero al rato, luego de la reunión con las agroexportadoras y tras una reunión en “off the récord” con algunos periodistas, comenzó a conocerse la letra chica de este anuncio: Parce ser que Caputo no mantendría las retenciones a los productos del agro, como se presuponía por su primera declaración, sino que las elevaría notablemente a la mayor parte de las posiciones arancelarias del sector, salvo la soja. Por eso las aceiteras de Ciara se mostraban conformes con los anuncios y las entidades de productores comenzaron a desconfiar. En materia de retenciones, la soja y sus derivados aportan el 75% de la recaudación, entre 6000 y 7500 millones de dólares todos los años.
¿Que anticipó Caputo a los periodistas? Que todos los productos de exportación comenzarían a tributar 15% de derechos de exportación y que la soja tributaría de ahora en más el 30%.
Para la soja esto implicaría una rebaja de tres puntos en la presión fiscal por retenciones, ya que la oleaginosa (cuando se embarca como poroto) tributa el tope máximo de 33%, mientras que el harina y el aceite dejan 31% de su valor FOB en manos del Estado. Una retención del 30% a partir de ahora morigera la presión fiscal sobre el principal complejo exportador de la Argentina, aunque levemente.
¿Pero qué sucede con el resto de los productos del campo? Allí está el problema, porque lo que primero se pensó quedaría sin cambios ahora se unificó en una alícuota del 15% para todo el abanico de productos exportables, sean de origen agropecuario o industrial, minero o energético, servicios o el producto de una economía regional.
Por eso se puede decir sin temor a equivocarnos que la primera promesa de Caputo fue mal interpretada, pues el ministro ocultó las cosas, pero no mintió. Dijo que con estos cambios “equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario”. Pero no dijo que en definitiva esa equiparación iba a implicar una fuerte suba de los derechos de exportación a todos los productos, inclusive los agropecuarios.
No era lo que había prometido el designado (aunque aún no nombrado) secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, que incluso amenazó con no asumir en ese cargo si no se cumplían ciertas condiciones: entre ellas no subir las retenciones. En su primer contacto con la prensa, además, el funcionario ratificó que esta era la idea: que las alícuotas de las retenciones no se iban a reducir en la primera etapa de gobierno, pero jamás insinuó que fueran a subir.
Y lo que sucedió con todas las alícuotas establecidas en 15% es que hay una suba moderada de las retenciones que tributaban hasta aquí los cereales, como el maíz y el trigo, que venían pagando 12% de retenciones. En este caso, 15% también es el tope autorizado por el Congreso en la última ocasión que se pudo discutir sobre este asunto.
En la caso de la carne vacuna, que venía tributando 9%, la suba es bastante mayor, de más del 50%, si el tributo finalmente se instala en el 15% anunciado.
Una versión daba cuenta de que este nuevo zarpazo al dinero de los productores (finalmente Caputo consideró las retenciones como un impuesto distorsivo y el propio Milei en campaña electoral llegó a calificarlas como un robo al patrimonio de los chacareros) no incluiría ni a la lechería ni a las economías regionales.
En el primer caso, en plena campaña electoral el ex ministro Massa redujo las retenciones a los lácteos de 9% o 4,5% a 0%, pero como una medida temporal de emergencia que tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre. La idea sería mantener esa excepción.
En el caso de las economías regionales, cuando estaba en el poder el peronismo fue reduciendo paulatinamente esas alícuotas hasta dejarlas en cero para la mayoría del universo de productos. El mismo caso sucede con la pesca, que también quedó en 0%.
Lo cierto es que esta “equiparación” de retenciones entre el agro y el resto de los sectores de la economía escondía una fuerte suba para muchas de las actividades productivas, que no estaba en los planes de nadie. Y que devalúan la palabra del ministro (y también la de su secretario de Bioeconomía) apenas horas después de que empiezan a ejercer sus cargos.
