Dos años atrás la senadora nacional salteña Nora del Valle Giménez (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para que sea compatible el cobro de planes sociales con ingresos provenientes de trabajos temporarios en el ámbito agropecuario.
La iniciativa, que por entonces no prosperó, fue presentada nuevamente este año por la senadora y, desde entonces, el proyecto “duerme” desde abril pasado en las comisiones de Trabajo y Economías Regionales de la Cámara baja.
En plena campaña electoral, es poco probable que el proyecto –entre muchos otros– pueda prosperar porque los legisladores están ocupados en cuestiones más relevantes, como las candidaturas y los armados políticos para las próximas elecciones.
Sin embargo, Del Valle Giménez no se da por vencida y sigue intentando instalar el tema que es prioritario para muchas producciones regionales que vienen registrando enormes dificultades para encontrar personas dispuestas a realizar trabajos temporarios. En los hechos, la “movida” propone mantener vigente el tema para que el próximo gobierno incluya la cuestión en su agenda de trabajo.
Esta semana la senadora presentó la propuesta en la sede porteña de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ante dirigentes de esa entidad y de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), quienes avalan la iniciativa para facilitar tanto la empleabilidad rural como la mejora del nivel de vida de aquellas personas que no quieren realizar ninguna tarea de manera formal por temor a perder los planes sociales.
El proyecto plantea compatibilizar el ingreso formal con el subsidio recibido por los programas nacionales de asignación universal por hijo y por embarazo, siempre y cuando la remuneración percibida por el trabajador temporario no supere dos salarios mínimos por mes (una cifra que en la actualidad es de 211.000 pesos).
La iniciativa, destinada a trabajadores rurales temporarios y permanentes discontinuos en el ámbito agropecuario, sólo es aplicable para empleadores que sean Pymes. El régimen tiene una duración de dos años prorrogables por otros dos años más.
En septiembre de 2021, por el plazo de dos años, el presidente Alberto Fernández dictó el decreto 514/2021, que de algún modo pretendió compatibilizar el trabajo temporario con la continuidad del cobro de planes sociales nacionales. Pero la iniciativa fracasó de manera rotunda por falta de confianza en la misma y también por la falta de compatibilidad con los planes sociales implementados por las provincias. Se supone que con una legislación de orden nacional la misma tendría una mayor aceptación.
