Desde el título, un cable de la agencia oficial Télam no disimula qué el gobierno nacional -que ya intentó sin éxito una expropiación- está pensando en seguir aplicando estrategias judiciales para evitar que la aceitera Vicentín, que entró en cesación de pagos justo antes de la asunción del presidente Alberto Fernández a fines de 2019, pueda finalizar el concurso de acreedores antes de que el mismo Alberto deje el poder, en diciembre de este año. Recuerda la noticia que “dos resoluciones judiciales vuelven ‘impracticable’ la propuesta de Vicentin para salir del concurso”.
Parece ser esta noticia la respuesta del kirchnerimso a quienes pretenden que el proceso concursal iniciado en marzo de 2020 termine de una buena vez. Fabián Lorenzini, el juez civil y comercial de Reconquista que lleva la causa, que incluso pasó unos meses a la Corte Suprema de Santa Fe, tiene un plazo de 10 días para homologar o rechazar las conformidades presentadas por la empresa para acordar el pago de su deuda, que supera los 1.300 millones de dólares.
Pero, según informó Télam, “la homologación judicial de la propuesta de pago efectuada por la agroexportadora Vicentin a sus acreedores, ‘resulta impracticable’, porque contempla la venta a Viterra Argentina por 310 millones de dólares, por el 33% de las acciones que aún conserva en la firma Renova, operación inhibida por dos resoluciones judiciales del fuero penal de Rosario”.
Citando fuentes judiciales, se recordó además que el presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, fue incluso imputado en junio del año pasado por desobediencia de esas dos órdenes judiciales al avanzar en la venta de las acciones de la empresa a su socia Viterra Argentina (ex Glencore), y debió afrontar una caución de 500.000 dólares, para quedar en libertad.
Esta semana la agroexportadora emitió un comunicado que, para la visión oficial, es una “presión” al juez Lorenzini para que apruebe su rpopuesta a los acreedores. Vicentin consiguió los porcentajes de conformidad que exige la ley tanto de personas como de capital, pero también hay acreedores que consideran “abusiva” la propuesta, que en algunos casos alcanza una quita del 80%.
La empresa señaló que esta es la salida a su larga crisis y descartó un “escenario de no homologación ante la ausencia de una propuesta superadora, lo que devendría es el cierre definitivo de Vicentin”. Y agregó la firma que esa posibilidad “provocará los efectos conocidos: pérdida definitiva de los créditos para todos los acreedores, la pérdida de todos los puestos laborales, con la consecuente conflictividad social derivada y su posible extensión al sector agro exportador”.
El comunicado de Vicentin fue en respuesta a otro difundido un día antes por el Banco de la Nación Argentina (BNA), el principal acreedor individual del concurso con 300 millones de dólares, donde se avisó que “impugnará por abusiva y contraria a los intereses de la entidad una eventual decisión judicial de avalar la propuesta de pago”, señalando que la oferta es “extremadamente desfavorable para el banco” porque “no representa ni siquiera un cuarto del dinero que la empresa le adeuda”.
Télam citó además declaraciones del diputado provincial Carlos Del Frade, miembro de la comisión legislativa del concurso de Vicentin, consideró que el comunicado de la empresa que expresa la posibilidad de su cierre definitivo “tiene un profundo olor a extorsión”. El legislador, un histórico crítico de las empresas agroexportadoras, recordó que la propuesta de pago de Vicentin no puede llevarse a la práctica porque incluye el dinero proveniente de la venta a Viterra de las acciones que aún posee en la planta de Renova, operación que está interdicta por el Poder Judicial.
En ese sentido, se recordó que entre septiembre y diciembre de 2020, los jueces penales de la ciudad de Rosario Nicolás Foppiani y Hernán Postma dictaron en dos causas por presuntas estafas y por presentación de balances falsos “la prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria y disposición respecto de las empresas sobre las que Vicentin SAIC tendría participación accionaria”. En ese marco, el entonces presidente del directorio Scarel fue imputado por desobediencia.
Los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos, Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, señalaron que “este contrato de compra-venta fue celebrado por medio de una ‘Oferta de Compra’, suscrita por los representantes de Viterra Argentina SA, por medio de un documento fechado el 28 de abril de 2022, dirigido a Vicentin SAIC, denominado ‘Oferta de Compra de Acciones de Renova 001/2022”.
Según detalló Narvaja, Viterra realizó una oferta para quedarse con la totalidad del paquete accionario de Renova y Scarel, como presidente del directorio, dio su “acepción irrevocable de la oferta de compra”.
Vicentin y Viterra compartían una sociedad en partes iguales en la planta de molienda de soja Renova, pero 24 horas antes del default la primera le vendió un 16,6%, en una operación que la AFIPO consideró “simulada”. En abril del año pasado, además, firmaron un documento por la venta del 33% restante por U$S310 millones, que Vicentin volcaría al pago del concurso.
Para los fiscales, esa transacción significó un incumplimiento de las órdenes judiciales dictadas por los jueces Foppiani y Postma de no innovar sobre la composición de la masa accionaria, que aún siguen vigente, según recordó a Télam el abogado de un acreedor del concurso.
En el fallo que rechazó el avocamiento solicitado por un acreedor, el 29 de noviembre último, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se refirió al tema. El voto del ministro Daniel Erbetta señaló que “las eventuales controversias vinculadas a las medidas adoptadas con motivo de la investigación de hechos con relevancia penal deben dirimirse y agotarse en esa jurisdicción”.
Según esta posición, que promete extender el largo camino de la justicia, el juez Lorenzini “no puede adoptar decisiones sobre las órdenes dictadas por los jueces penales de Rosario”.
“La extraordinaria relevancia en el orden económico social del presente proceso concursal y las innumerables consecuencias que pueden derivarse de las decisiones que se adopten, importan -en función de lo dicho- priorizar la extrema prudencia con la cual habrá de ponderarse la propuesta de acuerdo formulada, en tanto condiciona su viabilidad a decisiones judiciales propias de la justicia penal y ajenas a la competencia del juez del concurso, cuestiones éstas, que pudieron no haber sido advertidas por los acreedores que han prestado su conformidad”, sostuvo Erbetta.
En este contexto, quizás Alberto se retire finalmente del gobierno como llegó: sin una solución a la crisis de una empresa que quiso expropiar y que llegó a dominar el 9% de las exportaciones agroindustriales de la Argentina.
Llegó con Vicentina en la lona y se quiere ir del “mismo modo”. Déjense de joder muchachos, puede que no simpaticen con los que hoy gobiernan y en el sano disenso está el equilibrio, pero de ahí a defender fugadores, contrabandistas y narcos se están yendo al pasto.
No es la Argentina que merecemos y los hijos tampoco.
Señor le recuerdo que Vicentín le dá trabajo a muchas familias. Si las empresa cierran usted les dará trabajo?
Excelente. Es lo que iba a poner yo.
No se puede estar del lado de los estafadores.
Carlos del frade vivió toda la vida de los cargos públicos. Jamás en su vida laburo o le dió trabajo a otra persona que no sea a través de un cargo ñoqui… Basta de estos políticos casta que nos arruinan la vida desde hace ya tanto tiempo.
La nota es sobre Vicentín y sus estafas.
Del Frade vivió y vive de sus cargos selectivos de la democracia y no estafó a nadie.
Que no coincida, es otra cosa, pero no se puede estar del lado de los estafadores.
Vicentin en la lona porque sus directivos y dueños se llevaron toda la guita afuera , DELINCUENTES…encima que nos deben a todos los argentinos por el semejante préstamo que le dio Miau del Nación, pretenden un ” salvataje ” ,cansadas de los chorros de guantes blancos …..