La Dirección de Aduanas acusó a las empresas Cofco, Cargill, Bunge y Dreyfus, es decir cuatro de las principales exportadoras agrícolas del país, de haber llevado adelante maniobras “a través de las cuales abonaron menos retenciones por exportaciones de soja previamente importadas desde Paraguay”. La intimación es por un monto total estimado en algo más de US$50 millones.
Fuentes del organismo que conduce Guillermo Michel informaron a la agencia Télam que “tras una investigación, Aduana intimó a estas cerealeras por más de 50 millones de dólares”.
Según esta versión, la operatoria empleada por las firmas agroexportadoras consistía en reducir la base imponible del cálculo de los derechos de exportación sobre soja importada de Paraguay bajo el régimen de admisión temporaria. Ese régimen permite ingresar la soja por la Hidrovía, procesarla en las instalaciones de las fábricas aceiteras locales y luego reexportar los derivados (harina y aceite) abonando solo el componente impositivo de la diferencia lograda por el valor añadido en dicho proceso.
Ahora la Aduana reclama correcciones en los tributos abonados por cuatro de los principales jugadores del sector agrícola. El período de la intimación corresponde a los años 2020, 2021 y 2022.
Los valores que la Aduana le reclama a la china Cofco ascienden a 14,7 millones de dólares; 27 millones de dólares corresponden a Cargill; 7 millones a Bunge; y 3,7 millones a Dreyfus. Suman 50 millones, una cifra minúscula respecto del total de retenciones abonadas por el sector, que llega a unos 7.500 millones de dólares anuales en el caso de la soja.
“Desde la Aduana se sigue monitoreando a todo el mercado de los exportadores de cereales, para saber si el resto de las firmas aplicaron la misma lógica de cálculo”, señalaron las fuentes.
La ofensiva del organismo se produce justo un año en que, según han anticipado voceros de la industria aceitera, habrá que hacer uso intenso de este régimen de importación temporaria de soja para poder mantener en funcionamiento a las diversas plantas aceiteras del sector. La capacidad instalada total supera los 70 millones de toneladas de soja, pero las cosehas de los últimos años han rondado los 50 millones de toneladas y esta campaña 2022/23 se espera caiga la producción a solo 33 millones de toneladas, debido a la intensa sequía.
Según explicó el cable de Télam, en el caso de importaciones de Paraguya,m Brasil y también Bolivia, los derechos de exportación de soja procesada, sea importada o nacional, se calculan en base al precio de la tonelada FOB, que representa el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo.
“La ley 21.453, de normas de exportación para productos agrícolas, aclara que en ambos casos se aplica, para calcular los derechos de exportación, precio oficial y tratamiento arancelario vigente a la fecha del cierre de venta informada por el declarante ante la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. Mientras que el decreto 1.177 del año 1992 agrega que al oficiar el precio oficial como base única de tributación, no corresponde realizar deducción alguna sobre dicha base”.
Aquí el cuestionamiento de la Aduana, que seguramente será cuestionado en sede judicial por las aceiteras: “La operatoria de las cerealeras intimadas consistió aplicar el decreto 1.330 del año 2004 al momento de declarar la importación temporal de soja paraguaya. De manera complementaria tomaban en cuenta una nota del año 2002 de la Dirección de Mercados Agroalimentarios, para reducir la base de tributación”.
“En concreto, al precio oficial le descontaban el porcentaje de retenciones a las exportaciones y recién sobre el número resultante de esa cuenta volvían a aplicarle la alícuota de derechos de exportación. Es decir, modificaban la base imponible, hacia abajo, para calcular retenciones”, señalaron las fuentes.
Para la Aduana, de todos modos, “la importación temporal de soja es una medida acertada siempre que permita tener en funcionamiento, y potenciar, la capacidad industrial del polo agroexportador argentino y mejorar el valor agregado”.
Desde el organismo sostienen que “esto no puede implicar que se aplique a un régimen de excepción creado en el 2004 (régimen de importación temporal del Decreto 1330) un criterio técnico de la vieja Secretaria de Agricultura del año 2002” ya que consideran que “no tiene sentido económico ni sustento legal que esté en mejores condiciones -respecto de la base de tributación de derechos de exportación- la exportación de derivados de soja temporal respecto de la exportación de derivados de soja de los productores argentinos”.
Cómo expriman al campo las cerealeras se van a ir del país al igual que algunas empresas y va a quedar el país en la absoluta miseria
Así van a ahorcar sus propias fábricas.
Ojalá que se solucione pronto.
O sino como las tantas fábricas que están mudando a Paraguay, les esperamos para instalarse en Paraguay
Donde tiene tierras Paraguay para la explotación agrícola? Es la soja que sacan en negro y blanquean evadiendo. Hay que sacarles las empresas a estos hdp, 50millones para ellos no es nada. Se ríen en la cara