Los funcionarios del gobierno de Alberto, Cristina y Sergio encargados de intervenir mercados no pierden oportunidad para señalar las bondades derivadas del “desacople” de los precios internos de los granos respecto de los internacionales.
Pero la realidad es que, cuando se mete tanto la mano en un mercado, el “desacople”, increíblemente, puede llegar a tener un efecto inverso al deseado porque los precios internos pueden efectivamente separarse de los externos, pero no para bajar, sino para subir y subir hasta la estratósfera.
Eso ya pasó en octubre de 2013 con Guillermo Moreno al mando de la Secretaría de Comercio, cuando Argentina se quedó sin trigo antes del ingreso de la nueva cosecha y los precios internos del cereal volaron hasta superar los 700 u$s/tonelada.
Casi una década después, sigue sin aprenderse la lección y estamos nuevamente en las puertas de un estallido de precios para el trigo, que, tal como vamos, no tiene prácticamente techo.
El origen del problema actual reside en uno de los mecanismos intervencionistas más dañinos y menos conocidos por el público general: se trata de las “retenciones anticipadas”.
La resolución 78 del Ministerio de Agricultura, vigente desde octubre de 2019, determina que los exportadores de productos agroindustriales están obligados a abonar al menos el 90% del derecho de exportación correspondiente dentro de los cinco días hábiles desde la registración de las Declaraciones Juradas de Ventas Externas (DJVE), lo que implica, en los hechos, que el impuesto debe pagarse por adelantado.
Es decir: los exportadores de productos agroindustriales deben financiar forzosamente al Estado nacional si quieren recibir autorizaciones de embarques.
En el caso de los cereales, el gobierno establece un cupo de exportación determinado, el cual va habilitando de manera discrecional ¿cuándo el mercado lo requiere? No. Cuando el gobierno necesita reforzar la recaudación tributaria.
Como el Estado, a través de la Secretaría de Agricultura, también determina los valores FOB de los productos agroindustriales de exportación, al habilitar un cupo de exportación de trigo o maíz puede determinar cuánto recibirá por adelantado en concepto de derechos de exportación.
A fines de marzo pasado se habilitó un cupo de 10 millones de toneladas, el cual está comprendido por una cuota abierta de 9,0 millones y un “margen de seguridad” de un millón de toneladas, el cual solamente puede ser solicitado por los exportadores durante el período de cosecha.
La cuota de 9,0 millones de toneladas se cubrió con bastante rapidez e, imaginando por entonces una campaña 2022/23 similar a la anterior, se procedió a esperar la finalización de la cosecha (diciembre) para luego autorizar nuevos tramos del cupo en 2023.
Ahora sabemos que la cosecha fracasó por un desastre climático y que los exportadores, con casi 9,0 millones de toneladas de trigo ya registradas de trigo 2022/23, no tendrán más cupos.
El problema es que, según el último dato oficial disponible, los exportadores tienen compradas apenas 5,32 millones de toneladas de trigo 2022/23, de los cuales 2,20 millones son operaciones abiertas con precio “a fijar”. Es decir: les falta un montón para poder “empalmar” las compras realizadas con las declaraciones registradas de ventas externas de trigo 2022/23.
Del otro lado del mostrador, están los productores, quienes, más que preocupados con los daños generados por la sequía y las heladas tardías, están reticentes a vender por anticipado algo que no saben si finalmente tendrán.
En las actuales circunstancias, la necesidad de compra de trigo 2022/23 por parte de los exportadores, junto con los requerimientos de buena parte del sector molinero por originar cereal y el desastre productivo, garantizan un mercado súper alcista para el trigo argentino hasta octubre de 2023. Es decir: un escenario inversamente proporcional al supuestamente buscando con la intervención del mercado.
En el gobierno están evaluando opciones para intentar descomprimir el “tsunami” que viene en camino en cámara lenta. Una opción es trasladar parte de los permisos de exportación de trigo del ciclo 2022/23 a la próxima campaña 2023/24, de manera tal que las compras de trigo 2022/23 terminen siendo equivalentes a los embarques habilitados de la nueva campaña. Se trataría ciertamente de una desprolijidad administrativa, pero, en los hechos, terminaría siendo una “mancha más del tigre”.
Con esa jugada, se quitaría a la exportación del medio y el mercado quedaría sujeto a la exclusiva puja entre productores y molinos harineros. ¿Eso garantizaría precios bajos del cereal en el mercado interno? Por supuesto que no, porque, una vez terminada la cosecha, serán los productores los que determinarán el ritmo de la comercialización de trigo (especialmente si la campaña estará caracterizada por grandes partidas con pérdidas de calidad).
Otra posibilidad sería implementar un mecanismo similar al “dólar soja”, es decir, subsidiar, con emisión monetaria, el precio interno del cereal para que los productores vendan todo el trigo en su poder en un período corto de tiempo y así sacarse el problema del abastecimiento interno del cereal de un solo golpe y, de paso, recomponer las reservas del Banco Central (BCRA) a costa, claro, de una mayor inflación.
Sea una u otra, o bien ambas, está claro que el gobierno ahora intentará subsanar el desastre comercial que el mismo gobierno promovió al usar al sector agroindustrial como “caja de recaudación exprés” de impuestos que, por sí mismos, además son distorsivos.
Es importante indicar que, con un stock final de trigo 2021/22 de 1,72 millones de toneladas –según datos oficiales–, el abastecimiento interno de trigo para el ciclo 2022/23 está asegurado más allá de cuál termine siendo el número final de la cosecha. Lo que no está asegurado es que los productores quieran vender trigo, el producto de su trabajo, a un precio inferior al correspondiente.
Realmente vergüonsozo y lapidario destruyeron todo lo que tocaron