En las próximas semanas la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe deberá definir el futuro del proceso concursal de Vicentin SAIC luego de que el mismo fuese intervenido en junio pasado a partir de un pedido solicitado por un grupo de acreedores granarios.
En ese marco, hoy viernes el procurador general de la Corte Suprema de Justicia de esa provincia, Jorge Barraguirre, presentó un escrito de 52 páginas con recomendaciones sobre cómo proceder en lo que respecta al concurso intervenido.
El documento aconseja que el trámite sea retomado por el juez concursal, Fabián Lorenzini, al considerar que el mismo actuó ajustado a derecho y que la Corte Suprema de Justicia no debió interferir nunca en el proceso.
Sin embargo, Barraguirre indicó que la propuesta de rescate diseñada por el directorio de Vicentin no es adecuada y, por lo tanto, debería ser reformulada.
Al respecto, el procurador santafesino dijo que “de la compulsa de las actuaciones surge que el deudor pretende saldar gran parte de su pasivo concursal a través de la venta de (su participación en) Renova S.A.”, pero que eso no correcto porque “en las actuaciones penales el bien ofrecido está cautelado a los fines de ese otro proceso”.
“Si bien puede haber una propuesta condicional que finalmente se apruebe, otra cosa radicalmente distinta es que la propuesta concordataria quede sometida a la última palabra de un juez no comercial –en este caso penal–, ya que ello implicaría la pérdida de la autoridad judicial competente que es la del primero”, resaltó en referencia a la causa penal por presunta estafa que se está llevando adelante contra ex directivos de Vicentin.
Adicionalmente, el procurador remarcó que la propuesta oficial de pago “tal como está formulada podría implicar la violación del principio de igualdad de trato en tanto un sinnúmero de acreedores parecerían obtener el pago del ciento por ciento de su acreencia, mientras que otros obtendrían un porcentaje notoriamente inferior”.
Vale tener en cuenta que el documento de la Procuraduría General establece directrices que luego podrán o no ser tenidas en cuenta por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en su decisión final en la materia.
