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Las economías regionales meten presión para que bajen los costos laborales

Dice una gacetilla de CAME (Confederación de la Mediana Empresa) que los representantes de 25 complejos agropecuarios se reunieron este viernes en Buenos Aires. En el encuentro se decidió hacer un pronunciamiento público pidiendo al gobierno nacional que reglamente cuanto antes el artículo 167 de la Reforma Tributaria, la Ley 27.430, para que pueda tener vigencia inmediata el nuevo Mínimo No Imponible de $12.000 de salario bruto a partir del cual los empresarios deben abonar las contribuciones patronales.

“Con la implementación del nuevo mínimo no imponible se generaría una reducción en el costo de contratar mano de obra que, en nuestro caso, por lo general, es de carácter intensivo”, señaló Raúl Robín, titular del sector de Economías Regionales de la CAME.

Esta es una de las fórmulas que propone la entidad, que en los últimos años avanzó mucho en la representatividad del denominado sector de economías regionales, para mejorar las flacas rentabilidades de los productores extra-pampeanos. “Asimismo podrían afrontar los constantes aumentos de costos internos, ya sea de los servicios como de los insumos necesarios para la producción”, argumentó en el comunicado.

En ese sentido, en la reunión se habló también de las tarifas eléctricas, compuestas por tres elementos principales: el precio de la energía regulado por el Ministerio de Energía de Nación (generación); el Valor Agregado de Distribución o VAD (distribución); y el componente impositivo (IVA y retención de IVA, que va a las arcas del Estado).

El VAD, que es el componente provincial de la tarifa eléctrica, está regulado por los Entes Provinciales Reguladores de la Electricidad (EPRE). “Con los abusos de los entes se manifiestan distorsiones marcadas entre jurisdicciones que castigan directamente al aparato productivo. Esto aísla a los pequeños y medianos productores”, afirmó Robín.

Los empresarios también criticaron los cargos nacionales (IVA) y los locales (Ingresos Brutos, fondos especiales o solidarios, alumbrado público municipal, aportes a líneas de interconexión, entre otros). “No otorgan contraprestación a cambio y son proporcionales al consumo, pero en conjunto engrosan la factura de luz hasta en un 70%”, indicó la entidad.

Desde la Mesa de Economías Regionales de la CAME se propuso crear e integrar una Mesa de Producciones Electrodependientes, de participación público-privada, a fin de encontrar soluciones a esta problemática.

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