Por Matías Longoni (@matiaslongoni).-
Luego de la confusa presentación de medidas oficiales para enfrentar la sequía que realizó el presidente Mauricio Macri en la Expoagro, era de manual que las entidades rurales iban a reaccionar pidiendo al Gobierno medidas “excepcionales” para socorrer a los productores, como la rebaja acelerada de retenciones, la revisión de impuestos como el Inmobiliario Rural, y líneas de financiamiento especial para contratistas y cooperativas.
Macri, en la Expoagro, anunció además de una por ahora dudosa “simplificación” de registros, que el Banco Central ordenaría al sistema financiero que tenga una gran tolerancia con los productores endeudados (para que no les corran punitorios y eventualmente permitirles volver a sacar un crédito). Luego, tanto el Banco Nación como el Banco Provincias de Buenos Aires (Bapro) pusieron a disposición de esos productores líneas de préstamos, con intención de que puedan seguir en competencia.
Pero está más que claro que para algunos productores, aquellos que no logren obtener ni los quintales necesarios para pagar los costos productivos (y mucho menos para pagar el alquiler a los dueños de los campos), quedarán patas para arriba si el Estado no hace algo más que darles créditos, aún con tasas razonables y largos plazos de pago.
En el sector de los insumos agrícolas ya tienen claro lo que se viene: una catarata de pedidos para refinanciar las deudas de los productores que queden mal parados. Ayer, a modo de ejemplo, el presidente de Monsanto Argentina, Juan Farinati, decía en la Expoagro que esa compañía había financiado a sus clientes por unos 400 millones de dólares, y que ya tenían decidido analizar caso por caso, de modo de colaborar a que ese productor pueda volver a sembrar en la campaña que se viene.
Las entidades rurales, sabiendo que los meses que vienen van a ser muy duros, aprovecharon la flojedad del paquete anti-sequía del Gobierno para reclamarle medidas excepcionales. El reclamo no tiene jurisdicción: hubo planteos tanto hacia el gobierno nacional como hacia María Eugenia Vidal, la gobernadora de Buenos Aires, niña mimada del oficialismo.
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Por un lado, la Federación Agraria Argentina, a través de un comunicado, dij que las medidas anunciadas por Macri son valorables, pero “notablemente insuficientes para la actual coyuntura”.
“En algún sentido, es como si un enfermo en estado crítico necesita un marcapasos y el médico le anuncia que le consiguió unas muletas. Es noble la intención, pero no soluciona la necesidad del paciente”, comparó la organización con sede en Rosario, que remarcó el alto nivel de endeudamiento de los chacareros con sus cooperativas y reclamó “medidas urgentes y excepcionales, para atender situaciones excepcionales y para resolver demandas que esperan hace años ser solucionadas”.
Entre las medidas “extraordinarias” que reclama, la Federación Agraria sugirió que se posterguen los vencimientos de pagos ante AFIP y se quiten las retenciones a los pequeños productores.
En otro comunicado, la Mesa de Enlace de la Provincia de Buenos Aires (que realizó en Expoagro la presentación conjunta que por fuertes internas no lograron hacer los dirigentes nacionales), dirigió sus cañones hacia la gobernadora Vidal, solicitándole que tome “medidas de excepción” para socorrer a los productores afectados por la sequía.
La Mesa de Enlace bonaerense advirtió que “de continuar las condiciones actuales la cosecha gruesa provincial bajaría de 40 millones a 30 millones de toneladas, perdiéndose nada menos que 10 millones”. Y consideró que “es urgente convocar a la Cedaba (Comisión de Emergencia), para posteriormente llevar los Decretos a la Nación, a la que hay que solicitarle medidas de excepción, ya que los exiguos beneficios de la Ley de Emergencia Agropecuaria no alcanzan a cubrir las cuantiosas pérdidas sufridas”.
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¿Qué se le reclama a Vidal? Que se revise el aumento de más del 50% del Impuesto Inmobiliario Rural para el año en curso, ya que “hace insoportable la carga fiscal en momentos normales e imposibles de pagar en estas condiciones climáticas”, según señala el comunicado. También se quejan los ruralistas de que “ARBA efectuó el año pasado un revalúo de oficio a miles de partidas, incrementando en números inverosímiles el impuesto en dichas partidas”.
Otros, en Expoagro, que reclamaron este jueves un tratamiento más integral fueron los contratistas agrícolas agrupados en la FACMA, ya que la mayor parte de esas pequeñas empresas cobrará esté año la tarifa mínima (debido a la caída de los rindes) por la tarea de cosecha y no podrá hacer frente a los vencimientos de los créditos para la compra de nueva maquinaria, según estimó Jorge Scoppa, titular de esa entidad.
Citrusvil y Extraberries (Frutas y verduras); Snack Crops y Desdelsur (Cereales y Oleaginosas); Rioplantense, Frimsa Y Arre Beef (Frigoríficos); Mondelez Argentina, Argenmieles y Miel Aleluya (Golosinas y Dulces); Grupo Peñaflor y Bodega Humberto Canale (Bebidas) y Saputo y Pampa Cheese (Lácteos). Esas fueron las empresas ganadoras de la primera edición del Premio AlimentAr, organizado por Banco Galicia y Exponenciar SA, la misma empresa que organiza la Expoagro.
